¿Un intento por dar muerte a las AFP? Ese pareciera ser el propósito que subyace tras la acción concertada por llevar a tribunales de justicia varios casos de personas que solicitan poder retirar sus fondos de ahorro previsional para fines distintos a la cobertura de sus pensiones. El episodio más noticioso ha sido el de una profesora jubilada que ha reclamado el derecho a utilizar dichos ahorros para pagar una deuda hipotecaria. La causa ha llevado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta a presentar un requerimiento al TC para que éste se pronuncie sobre el aparente conflicto que existiría entre el derecho de propiedad y el DL 3.500 que impide devolver los fondos al afiliado. Una resolución favorable por parte del TC abriría una caja de Pandora: a partir de la misma, diferentes motivaciones podrían ser aducidas para sacar los recursos desde el sistema de pensiones con el objeto de destinarlos a usos distintos al que los originó.

Por la vía descrita, el movimiento NO+AFP busca poner en jaque no solo a las mencionadas instituciones, sino que al entero sistema previsional basado en la capitalización individual. La razón para esta conclusión es evidente. En un momento en que existe amplio acuerdo social sobre la necesidad de aumentar significativamente el porcentaje de cotización para poder asegurar jubilaciones dignas, las excepciones buscadas por vía judicial conducirían a menguar aún más las mismas. No se requiere ser muy perspicaz para prever que, acto seguido, quienes promueven esta iniciativa, ante la "insuficiencia" que mostraría el sistema, clamarán por que el Estado se haga cargo de las pensiones cambiando el mecanismo actual por otro de reparto.

No deja de llamar la atención que quienes pretendidamente abogan por las mejoras de las pensiones de los jubilados, actúen deliberadamente en sentido de reducir las mismas, dejando desprotegidos a quienes dicen defender. Aún más sorprendente es que invoquen el derecho de propiedad individual, hasta el punto de querer levantar las legítimas restricciones que éste posee en la legislación correspondiente, para minar un sistema que encuentra su fundamento en él. Y, al mismo tiempo, propugnen otro que restringe de raíz el ejercicio de ese derecho. Detrás de esta estrategia contraria a las AFP no solo hay intereses políticos, se esconde también una visión ideológica sustentada en una concepción del derecho de propiedad -y de la libertad consiguientemente- contradictoria con aquella que iluminó la creación del sistema actual. Una visión, además, donde es posible presumir que el espacio de lo público queda reducido al Estado.

El debate sobre las mejoras necesarias a las pensiones de los chilenos, como se aprecia, no es de índole únicamente económico-financiero, sino que compromete dimensiones esenciales en el orden de los principios y del tipo de sociedad que se desea desarrollar. Se trata, este último, de un aspecto imprescindible al que atender. Descuidarlo constituiría una abierta irresponsabilidad.