Alto impacto ha causado la decisión del Tricel de dejar fuera de la papeleta 2025 a dos políticos de amplio conocimiento, que además han sido candidatos presidenciales: el exalcalde Daniel Jadue, del PC, y la senadora Ximena Rincón, de Demócratas.

El debate en torno a si podían o no ser candidatos llevaba meses, y fue zanjado hace unos días por el Tricel, en fallo final e inapelable.

A pesar de ser casos muy distintos, y de personeros en las antípodas políticas, tanto la senadora como el exalcalde -y sus respectivos entornos- han coincidido, desgraciadamente, en su reacción frente al fallo, criticando severamente el dictamen e incluso sembrando dudas sobre el tribunal que lo emitió, debilitando de ese modo las instituciones. Socavan así la confianza en que se trata de un proceso que, gusten o no gusten sus resultados, se hizo con respeto a la legislación vigente y a las reglas que la democracia chilena se da para dirimir en casos como este.

En el caso de Jadue, la sentencia se explica por la situación procesal del exalcalde, quien está acusado por la Fiscalía por los delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal, y en la acusación del Ministerio Público se pide una pena de más 18 años de cárcel. Ya que Jadue tiene la calidad de acusado desde el 7 de agosto de 2025, el Tricel estimó que “se dan a su respecto los presupuestos regulados en el artículo 16 N°2 de la Constitución Política de la República para la suspensión del derecho a sufragio“, se lee en la sentencia.

¿Cómo han reaccionado él y su partido? Cuestionando el fallo y al Tricel. Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, indicó que “por sobre todas las cosas hay una artimaña, una trampa judicial”. También dijo que “probablemente el que respira con mayor tranquilidad hoy día es Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI” (candidato en el mismo distrito). Acusó que “aquí el gran beneficiado de esto es la UDI y Renovación Nacional. Por vía administrativa ellos hoy día quieren pretender resolver la elección”. Jadue, por su parte, sostuvo en X que se está ante una decisión “entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.

El lunes se conoció el fallo respecto de la senadora Rincón.

A juicio del tribunal, la legisladora no puede traspasar el límite de (dos) reelecciones fijado en la Constitución. La sentencia estableció que la candidata “ejerció el cargo parlamentario por más de la mitad de su periodo, actividad que se manifestó, incluso, en su asistencia a la instalación de la nueva Cámara y su votación en la elección de la mesa respectiva durante esta última jornada”.

¿Cuál fue la reacción de la senadora y su partido?

Rincón arremetió contra Paulina Vodanovic, también candidata en El Maule, usando similar argumento del de Figueroa contra Ramírez, sobre ganar “por secretaría”. A los timoneles del PS y la DC los acusó de “no tener coraje”. El senador Matías Walker, de Demócratas, también atacó al Tricel, implicando también un sesgo político, pues dijo que fue Gabriel Ascencio (uno de los ministros del Tricel) quien dirimió el caso. “Un ministro político, militante durante toda su vida de la DC”, dijo.

Pero una crónica de La Tercera establece que no fue Ascencio quien dio el voto clave, sino que el voto del presidente del Tricel, Arturo Prado, fue el que dejó fuera de la papeleta a Jadue y también a Rincón. Siguiendo las reglas establecidas para votar, el último en hacerlo es el presidente; en este caso, Prado, quien además es quinta antigüedad en la Corte Suprema. Cuando le tocó ejercer su voto en ambos casos, “la cuenta iba empatada: dos votos contra dos”.

Es difícil sostener “sesgo político” y maquinaciones electorales cuando el voto final -y perjudicial para oposición y oficialismo- fue de la misma persona.

Por eso preocupa que los argumentos empleados para reaccionar a un fallo final desfavorable sean tan similares por parte de ambas candidaturas. Especialmente grave es que la arremetan contra el Tricel. La institucionalidad electoral chilena es uno de los orgullos patrios que hay que siempre reconocer y cuidar.

Ambos personeros podrán lamentar los fallos, pero no deben sucumbir a la tentación de relativizar su resultado. Ambos, por lo demás, sabían que estaban tensando el sistema al intentar ser candidatos en situaciones que tenían, a lo menos, potencial de controversia jurídica. Tras el dictamen de la última instancia, solo queda acatar. De eso se trata, exactamente, que las instituciones funcionen: había una disputa jurídica, y esta se resolvió de acuerdo a los procesos y normas establecidos previamente, y con pleno conocimiento de los involucrados.

Quienes aspiran a ser legisladores deberían saber -como mínimo- que hay que aceptar las reglas, la institucionalidad y los fallos no solo cuando son favorables, sino especialmente cuando no lo son.