Revuelo causó la filtración judicial donde el expresidente de OAS, Léo Pinheiro, afirma que dicha empresa donó 101 millones de pesos a la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Todo señaliza hacia una investigación anterior del Ministerio Público, a resultas de un reportaje del medio electrónico Ciper Chile.

Confieso que una de las primeras cosas que me llamó la atención, fue el llamado a la cautela que se hizo desde el gobierno. No es que me esté quejando por la exaltación del principio de inocencia, el que, de paso, ha sido muy vapuleado por la opinión pública en general y los medios de comunicación en particular. Pero es algo sorpresivo que a la luz del debate público y lo beligerante de la contienda política -basta recordar la teleserie entre el PS y la vocera de gobierno- seamos ahora testigos de esta cívica y republicana moderación.

Ahora bien, más importante que una impresión, podría ser la confirmación de un extendido prejuicio o una convicción. En efecto, y después de tanta tinta y saliva derramada para discutir sobre el financiamiento ilegal de la política, los resultados concretos de las investigaciones judiciales son menos que decepcionantes. A cuatro años de haberse revelado estos escándalos, la justicia no parece haber cumplido su propósito; no al menos en los innumerables casos donde no se pudo investigar a fondo, sea por la ausencia de antecedentes o por las propias maniobras obstruccionistas de los involucrados y reparticiones del Estado. Esta sensación de impunidad o protección se instaló muy específicamente sobre la figura de los expresidentes, cuyas campañas fueron objeto de severos reparos en cuanto al origen, oportunidad y legalidad de su financiamiento; pero nunca, en ninguna de ellas, se hizo una exhaustiva investigación a la luz de los antecedentes que aparecieron en la prensa.

Y así como dichas revelaciones no son, por sí mismas, suficientes para juzgar o condenar de manera anticipada a sus principales protagonistas, también su no escrutinio judicial -especialmente en consideración al poder o investidura de los afectados- alimenta una sensación de impunidad e injusticia, al mismo tiempo que incuba la sospecha sobre su culpabilidad.

Por todo lo anterior, es que Michelle Bachelet, por ella y por lo que representa, debería ser la más interesada en desmentir categóricamente esta acusación; cuestión para lo cual no bastan las declaraciones o las insinuaciones de una maniobra internacional en su contra. Lo que corresponde, a mi modesto modo de entender, es que ella pida y exija que se investigue sin restricciones, para de esa manera acreditar su total desconocimiento e inocencia sobre estos presuntos aportes.

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