La bioética frente a la pandemia

Personal médico transita por los pasillos del Hospital San Juan de Dios, ubicado en Avenida Matucana, en la comuna de Quinta Normal, siendo el Día Mundial de la Salud, siendo los profesionales más demandados a causa de la pandemia mundial provocada por el Coronavirus, Santiago.



La pandemia del Covid-19 ha vuelto a poner sobre el tapete los dilemas bioéticos relativos a cómo distribuir recursos sanitarios escasos. Los administradores sanitarios suelen tomar decisiones de racionamiento de manera rutinaria, tanto en el nivel macrodistributivo (determinando el número de camas o de especialistas) como en el microdistributivo (asignando recursos a determinadas personas en vez de otras). Este tipo de selección nos resulta odiosa de entrada, pues parece atentar contra el principio de igualdad que promete tratarnos a todos “con igual consideración y respeto”.

Con todo, el racionamiento de recursos es inevitable y los criterios que suelen utilizarse fueron desarrollados hace años a partir de la fórmula de Alan Williams para priorizar entre pacientes haciendo un cálculo de costo-beneficio del tratamiento conocido como QALY (Quality Adjusted Life Years), es decir, Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC), que determina el valor comparado de un tratamiento atendiendo a la calidad y cantidad de vida que el paciente podrá obtener de él.

En un principio, las reglas de la bioética demandan que la distribución de recursos médicos se rija únicamente por el criterio de la “necesidad” sanitaria pues ese debiera ser el único requisito para ser titular del derecho a cuidado sanitario (aun cuando se trate de adjudicar insumos médicos costosos pues, en última instancia, su provisión depende del mercado). Sin embargo, en condiciones de escasez extrema (como cuando se trata de distribuir órganos o camas UCI en situaciones de pandemia), el racionamiento sanitario ético debe, necesariamente, considerar también la eficiencia del tratamiento, pues, cuando no es posible atender a todos, la eficiencia se transforma en un requisito de la justicia.

Dicho de otro modo, si las posibilidades de recuperación de una persona son muy bajas –por su estado de salud precario, su edad avanzada o su mal pronóstico de sobrevida-, la bioética nos pide dar prioridad a quien pueda hacer un mejor uso de los recursos escasos. Por ello, es perfectamente ético que la autoridad sanitaria establezca protocolos de atención que consideren la expectativa de “supervivencia libre de discapacidad” de los pacientes.

Es por ello que en varios países se han dispuesto límites de atención a las personas mayores que sufren algún tipo de enfermedad o discapacidad asociada. El fundamento bioético que está detrás -conocido como “fair innings argument”- arguye que todos deberíamos tener una igual oportunidad de disfrutar de un cierto número de años de vida por lo que, si he de tener que elegir entre una persona que ya los ha disfrutado y quien no, debiera elegir a la segunda. Se trata, como se ve, del mismo argumento intuitivo que genera que socialmente se lamente más la pérdida de la vida de los niños que de los adultos.

Sin embargo, hay que tener muy claro que el uso de los AVAC –que en principio discrimina a quienes tienen una menor expectativa de vida sana, como los ancianos, discapacitados o enfermos crónicos- no debiera ser determinante en todos los casos. Si bien la edad se ha usado como última ratio en varios países ante el colapso de UCI (pues la edad avanzada determina menos años de vida y, normalmente, una menor ganancia en calidad de vida), bien pudiera ocurrir que una persona de 70 u 80 años a quien se le proveyera de cuidados ganara más AVAC que una persona más joven con alguna comorbilidad.

En un escenario de complejidad moral como el que se avecina, hay buenas razones para tener en cuenta criterios diversos que nos permitan una combinación de principios más allá de la sola prognosis en función de la métrica de los AVAC. Ante el colapso tan repentino y profundo del sistema sanitario la autoridad debiera trasparentar de manera anticipada a todos los enfermos, pero especialmente a los de mayor edad y sus familias, los criterios y razones por las que eventualmente pudieran verse excluidos del acceso a un recurso sanitario. Y deben, además, recibir el tratamiento paliativo al final de la vida que les permita morir con dignidad y minimizando el dolor y la angustia.

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