La cueca en pelota

"La empresa está trabajando potentemente arreglando su problema. Está todo planificado debidamente", decía el lunes, día 5 del corte de agua, el intendente Harry Jürgensen."A más tardar a mediodía vamos a tener agua en todos los sectores de Osorno", aseguraba el martes, día 6, el ministro Alfredo Moreno.

"Podemos asegurar que el agua potable que está ya disponible en todos los hogares de la ciudad de Osorno, ha sido probada y testeada una y mil veces", afirmaba el miércoles, día 7, el Presidente Sebastián Piñera.

Bastó que Piñera volviera a Santiago para que el agua volviera a cortarse.

Son 10 días de emergencia sanitaria, 200 mil personas sin acceso al agua potable regular y al menos 9 millones de dólares en pérdidas para pequeños comerciantes.

Y ante una calamidad de esta magnitud, las autoridades del Estado de Chile aparecen limitadas a repetir la información falsa, una y mil veces falsa, que les proporciona una empresa desvergonzada.

Reducidos a ser impotentes muñecos de ventrílocuo.

Lo que está en juego en el caso de Osorno es crucial. Es que, para ser legítimo, un Estado debe proveer los servicios básicos que permiten la vida social: la defensa de las fronteras, la seguridad pública, la administración de justicia.

Algunos de ellos, como el suministro del agua potable, pueden concesionarse a privados. Es una maniobra delicada porque son monopolios naturales. Sea el servicio caro o barato, de calidad o deficiente, a las personas no les queda más remedio que consumirlo. Todo depende de una regulación justa, de modo que la empresa que haga bien su trabajo prospere, y la que no, sea castigada. Y para ello, hay que levantar una muralla infranqueable entre los reguladores y el interés privado.

¿Ocurre eso en Chile?

Gracias a un decreto vigente desde la dictadura, las sanitarias tienen un 7% de ganancias mínimas sobre activos, pese a que la Superintendencia de Servicios Sanitarios calcula que bastaría con entre el 5% y el 5,3%. Las multas máximas llegan a ridículos $ 600 millones, y jamás se ha quitado una gran concesión a una sanitaria.

Mientras, la puerta giratoria entre intereses públicos y privados revolotea sin parar. Tanto Essal como su matriz, Aguas Andinas, son presididas por el DC Guillermo Pickering, quien era subsecretario del MOP y del Interior en el gobierno que privatizó las sanitarias. Comparte ese último directorio con la exministra de Obras Públicas Loreto Silva, y con dos políticos propuestos para el cargo por el gobierno: el exintendente del caso Catrillanca, Luis Mayol, y el exministro por 94 horas, Mauricio Rojas (¿qué sabe Rojas de agua potable? Misterio).

¿Quién los fiscaliza? El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, fue por 10 años jefe del Área de Tarifas del Grupo Aguas a cargo de los procesos tarifarios de Essal y otras cuatro sanitarias.

"El sector sanitario es muy pequeño y la gente puede trabajar en la superintendencia y puede trabajar en la empresa privada, no hay más opción", dice Rivas. ¿De qué lado está la autoridad, entonces? ¿De los ciudadanos, o de sus pasados, y probablemente futuros, empleadores?

Hay más: Aguas Araucanía, Aguas del Altiplano, Aguas Magallanes, Aguas Nuevas, Aguas Patagonia de Aysén y Aguas Antofagasta financiaron campañas vía aportes reservados.

Aguas Andinas pagó cientos de millones de pesos a sociedades ligadas a Sebastián Piñera, Pablo Longueira, Laurence Golborne, Pedro Yaconi (yerno de Frei) y otros. Las irregularidades se enterraron con el ya conocido truco de rectificar las declaraciones falsas ante Impuestos Internos, que impidió a la fiscalía investigar.

Un último dato: este viernes, mientras Osorno vivía su noveno día sin agua, el Servel denunció a Aguas Antofagasta por sospechas de financiamiento ilegal de campañas.

Jubilaciones doradas para políticos, puertas giratorias, cajas pagadoras de campañas. ¿Es de asombrarse que un generoso decreto de Pinochet siga vigente? ¿Que Essal acumule 85 procesos sancionatorios desde 2014 sin que ocurra nada? ¿Que en los últimos tres años esta sea ya la cuarta vez que fallas en sus plantas dejan sin agua a miles de osorninos?

Las empresas actúan como agentes racionales para maximizar sus ganancias. Y si consideran que cooptar políticos es más rentable que invertir en mejorar el servicio, pues eso harán.

Ahora la decisión es del Presidente de la República. Si quita la concesión a Essal, mostrará que está de parte de los ciudadanos y de las empresas que sí hacen bien su trabajo.

De lo contrario, desnudará a un Estado secuestrado por intereses privados con carta blanca para cometer cualquier fechoría: dicho en chileno, la cueca en pelota.