¿Por qué los gobiernos no dialogan políticamente de verdad con los PPII? Hay varias razones: 1.- La cuestión social indígena en general es desconocida intelectualmente por la clase política la que, sin excepción ideológica, se ha formado por años en la tradición de que los PPII no son pueblos sino "agrupaciones" con una identidad folklórica. 2.- Está en el subconsciente la idea de que lo indígena es marginal y un tema del pasado. 3.- Los gobiernos democráticos han dado mayor relevancia al concepto de industrialización extractiva (que afecta tierras indígenas). 4.- Los PPII no son sujetos titulares de derechos ancestrales y 5.- En general, se les asimila a la categoría común de "ciudadanos en un mismo territorio". La condición de "indígena" no supone una diferencia cultural.

La muerte de Camilo Catrillanca marca un antes y un después en la conflictiva relación del Estado con el Pueblo Mapuche. En 1998, el caso Ralco implicó también un antes y un después del Pacto de Nueva Imperial, y las desconfianzas creadas por ese proyecto permanecen hasta hoy. En 1998 el país y la clase política no eran sensibles con la demanda indígena. Hoy, el escenario es distinto y el asesinato de Camilo evidenció que las víctimas de la violencia rural son Mapuche (hay 11 muertos en democracia) y que sus demandas de derechos deben ser acogidas. La clase política entiende en parte este "téngase presente" y recién comienza a comprender la magnitud del problema.

Lo primero, entonces, es reconocer que tenemos en esto una gran responsabilidad. Luego del histórico Pacto de Nueva Imperial de 1989, que abrió paso a las primeras iniciativas pro-indigenistas en los gobiernos de la transición democrática, no hubo voluntad de desarrollar una política indígena con los pueblos ancestrales sino hacia los PPII. En 1990 se creó la CEPI. En 1993 se aprobó la Ley Indígena 19.253. En 1994 se formó la Conadi. En 1998 la crisis de Ralco implicó el desarraigo obligado de 100 familias pehuenches y en el 2004 el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato procuró recomponer las confianzas, pero sus medidas no fueron implementadas del todo. En el 2007 Chile firmó la Declaración universal de DD.HH. de los PPII. En el 2008 el Congreso ratificó el Convenio 169 de la OIT después de 18 años de espera.

Estos son los hitos más relevantes del "aporte democrático" hacia los PPII. Pero, aspectos sustantivos como el reconocimiento constitucional de Derechos Indígenas, el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Verdad y Nuevo Trato, la aplicación efectiva de las normas del Convenio 169, la representación política de los PPII en el Congreso y en otras instancias del Estado, la aprobación de la Ley de Derechos Lingüísticos, la eliminación de la aplicabilidad de la Ley antiterrorista y la concesión de derechos territoriales con autodeterminación administrativa, entre otros temas, han sido inexcusablemente postergados. Y conservadores y progresistas son responsables de esto.