El crimen es un problema económico. Además de violar derechos fundamentales (la vida y la propiedad, para empezar), obliga al país a destinar recursos a protegerse y no destinarlos a actividades productivas. Combatir el crimen es buena política económica.

Pero la seguridad no es lo único que importa para el desarrollo y la reforma constitucional puede poner en riesgo instituciones valiosas.

Una es la democracia. La correlación entre democracia y PIB es positiva, pero más que sostener como regla general que las democracias progresan más que las autocracias, la conclusión relevante es que una regresión democrática sería mala para Chile.

Nuestra democracia estable, con instituciones previsibles y respeto por las reglas es un gran activo institucional. Una regresión tendría consecuencias internas –en la confianza de consumidores y empresarios– difíciles de anticipar y podría afectar negativamente la reputación internacional (riesgo país). Correr este riesgo no tiene justificación.

Ahora, los estados de excepción no son incompatibles con la democracia. Según Bjørnskov y Voigt en State of Emergency: An Economic Analysis, la evidencia comparada muestra que su diseño es crucial: cuando las reglas hacen fácil recurrir a la excepción y, sobre todo, cuando entregan amplias facultades al Ejecutivo, hay un mayor riesgo de deterioro de derechos y de que la institucionalidad tarde más en volver a la normalidad.

La reforma constitucional debe mirarse así. El Presidente podría declarar el nuevo estado de excepción por 240 días sin autorización del Congreso. Durante su vigencia podrían restringirse derechos (libertad personal, locomoción, reunión y asociación), además de interceptación de comunicaciones y requisición de bienes. El problema no son las intenciones del gobierno, pero una buena regla constitucional debe responder esto: ¿podría ejercerla el gobierno que menos nos gustaría tener?

Aquí surge el riesgo económico clave.

Chile concentra sus ventajas comparativas en sectores que requieren inversiones de largo plazo. Los presidentes pasan, los proyectos quedan: minería, energía y otros proyectos que requieren grandes inversiones iniciales cuya recuperación toma décadas. Expuestos a controversias ambientales, territoriales y sociales, estas inversiones quedarán expuestas a la arbitrariedad –sí– del mandatario de turno.

Para quien debe decidir una inversión irreversible a treinta años, estas condiciones constituyen un riesgo político más que debe incorporar en su evaluación.

Este efecto puede ser importante. Entre 1973 y 1989, la tasa de inversión promedió 17% del PIB mientras que desde 1990 ha sido un 24,3% (24% el año 2024). Debilitar los controles democráticos no estimula la inversión, es probable que ocurra lo contrario.

El Estado debe combatir el crimen organizado, pero debe usar el instrumento apropiado. Un Estado fuerte no es uno sin restricciones sino uno capaz de imponer la ley a los criminales sin amenazar la libertad de ciudadanos honestos.

Por Guillermo Larraín, FEN U. de Chile