La semana pasada el gobierno ingresó el proyecto de ley Cautelares Reforzadas, que busca fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistada por Ignacia Canales y Rodrigo Álvarez, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael, abordó detalles de la iniciativa y entregó cifras que dan cuenta de un crudo escenario: en 2024 el 20,8% de los 44 femicidios los cometieron “personas que tenían medidas cautelares”.

¿Qué situaciones identificaron para trabajar en esta nueva norma?

Esto no es un proyecto nuevo, en el fondo perfecciona los proyectos que ya existen. Nuestro gran propósito es, primero, proteger a la mujer de la violencia, que es el objetivo único y gran objetivo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pero además de eso veíamos ciertos problemas de coordinación. Por ejemplo, en la continuidad de las medidas cautelares en casos de mujeres que eran víctimas de violencia intrafamiliar o víctimas de violencia contra la mujer. En ese tipo de coordinación, cuando se pasa de un tribunal de familia al Poder Judicial había un cierto vacío porque (los agresores de) las víctimas quedaban sin estas medidas cautelares. El proyecto lo que pretende es mantener una continuidad de las medidas cautelares que son clave para minimizar el riesgo que tienen las mujeres que sufren violencia.

¿Se dieron cuenta de una falla en el sistema de protección y es lo que buscan mejorar?

Exactamente. Y para eso lo que señala el proyecto de ley es justamente generar un protocolo de coordinación entre ambas sedes, sede familia y sede penal.

¿Cómo se hace esa coordinación? ¿Se genera un protocolo?

Exactamente. El proyecto de ley lo que señala es generar un protocolo de coordinación entre ambos poderes (...). Hay una estadística que es importante. Las estadísticas del año 2025 van a ser anunciadas el próximo viernes pero, por ejemplo, en el año 2024 hubo 44 femicidios y de esos, el 20,8% fueron femicidios con personas que tenían medidas cautelares. Si lo extrapolamos, una de cada cinco víctimas de estos femicidios es una persona que ha tenido medidas cautelares interpuestas.

¿Con el proyecto se busca evitar eso?

Busca evitar eso. En el fondo permite fortalecer y coordinar mejor las medidas para que ese riesgo que constantemente tienen las mujeres pueda ser disminuido. El proyecto de ley tiene cinco puntos importantes (...). Por ejemplo, los riesgos son altos cuando en reiteradas ocasiones se ha demostrado que no respetan la medida cautelar y continúan acercándose a la víctima, que ahí exista la posibilidad también de declarar prisión preventiva, que hoy día no se declara. El tema también de la tobillera electrónica, que hoy día solamente se puede instalar una vez que esté formalizada la persona. Lo que se pretende con este proyecto es que, dada la información que se tenga, que sea fuerte, potente, segura, permita también instalar la tobillera en personas que aún no son formalizadas, porque ahí puede haber vacíos y pueden ocurrir estos riesgos que señalo (...). Además, hoy día si las tobilleras electrónicas el victimario las rompe, les hace daño, solamente se tipifica como daño a un bien público y nosotros queremos que sea tipificado más allá de eso y que le permita tener la prisión preventiva.

¿Cuántos quedan sin ser formalizados y sin tobillera?

Debo reconocer que no tengo un número. Tarea para la casa porque creo que es importante.

¿Cuáles son las medidas cautelares que más se transgreden? Me imagino que debe ser la orden de alejamiento.

La orden de alejamiento es la medida que más se transgrede y normalmente por un propósito: para volver a reincidir en la violencia.

El proyecto incorpora el hostigamiento digital como una conducta que podría ser objeto de una medida cautelar. ¿Cuáles son los episodios concretos que tomarían en cuenta?

Es una nueva medida cautelar. Hoy día en reiteradas ocasiones el victimario amenaza a la víctima constantemente porque a lo mejor tiene una medida cautelar de alejamiento, pero se puede comunicar con ella a través de estas herramientas digitales. Por lo tanto, ahí también habría que interponer una medida cautelar.

Imagino que si lo incluyeron en el proyecto es porque lo identificaron como una problemática.

Absolutamente, y cada vez más grande. Cuando el victimario se da cuenta de que no puede acercarse a la víctima, busca otras medidas. ¿Y cuáles son los medios para seguir hostigando a la víctima? A través de los medios digitales.

¿Qué otras formas de fiscalización para que se cumplan las cautelares se sumarán al proyecto?

Los inspectores de seguridad municipal van a tener un rol más importante. La ley señala que tienen que ir acompañados con un carabinero, pero se les entregarían más atribuciones, por ejemplo, de ayudar incluso a la policía a tener más fiscalización en las direcciones de las víctimas. Permitir investigar y controlar más a la víctima (sobre) si efectivamente el victimario está alejado o se ha ido acercando. Vamos a tener un paraguas mucho más grande de inspectores de seguridad municipal, quienes van a permitir hacer el trabajo a lo mejor más pequeño, más de día a día, que muchas veces sabemos que carabineros no tienen la cantidad de funcionarios para poder hacerlo.

¿Hay recursos para eso? Cada municipalidad tiene su propia realidad.

Cada municipio tiene su propia realidad. Este es un proyecto de ley que va a ser presentado, integrado a la Cámara de Diputados y ahí va a comenzar el debate. Estamos abiertos absolutamente a debatirlo, discutirlo y a ingresar nuevas medidas si son necesarias.