Una iniciativa del gobernador metropolitano puso en el foco de interés la falla de San Ramón, una fractura de la corteza terrestre que cruza el sector oriente de Santiago, pero este no es nuestro único quiebre estructural, ni siquiera es el principal. De hecho, es cada vez más evidente que en la sociedad chilena emergió una división incompatible con la normalidad del régimen democrático y la paz que su aplicación promete.
La democracia, conviene recordarlo, es un desarrollo intelectual que ha permitido resolver el problema del poder de una manera alternativa a la violencia; pero que solo puede funcionar sobre un sustrato esencial: el acuerdo ampliamente mayoritario -también entendido como consenso- acerca de las cuestiones que cada sociedad está dispuesta a dirimir mediante la regla de mayorías. Ese es su límite, el cerco dentro del cual hay concordia, pues toda derrota es siempre tolerable ya que, al decir de Churchill, permite que ninguna victoria sea definitiva, ni ninguna derrota sea fatal.
Cuando ese acuerdo es sólido y estable en el tiempo, las comunidades son fuertes y sus sistemas políticos son percibidos como legítimos. Por el contrario, cuando ese acuerdo se rompe, una parte importante disputa el valor de las reglas, no se somete a las derrotas, ni les atribuye a las victorias el alcance limitado que les corresponde. Esto es lo que ocurre actualmente entre nosotros.
Hay personas que se sienten más identificadas con otra bandera de reciente creación, símbolo mapuche, antes que con la chilena; hay constituyentes que declaran no querer un escudo nacional con la frase “por la razón o la fuerza”; se habla de “territorios”, debilitando nuestra soberanía; encapuchados disparan a nuestras policías y fuerzas armadas, considerándolas invasoras; por segunda vez se intenta destituir al Presidente de la República, simplemente porque a su sector no se le reconoce legitimidad para gobernar.
El diputado Jackson sostiene que en toda toma ilegal hay una colisión de derechos: el que la ley le otorga al propietario y el de acceder a una vivienda digna, que su proyecto político le atribuye al ocupante, y él nos notifica que no le reconoce imperio a la ley por sobre su concepción personal de la justicia. Por ende, en un gobierno de su sector, al propietario se le sometería a un proceso de diálogo, implícitamente nos dice que la ley tendrá que negociar con su idea de lo justo.
Los símbolos patrios ya no encarnan la unidad cultural, histórica y política de Chile; los derechos que son fundamentales para algunos no lo son para otros; el monopolio de la fuerza ya no es ejercido legítimamente por el Estado, pues se le puede oponer una fuerza irregular de encapuchados. Si la extrema izquierda gana, entenderá su victoria como definitiva y si pierde, ya no habrá un acuerdo sobre el que se legitime la victoria del vencedor. Se rompió el consenso, emergió la falla.
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