La “normalidad” de los homicidios
Es un hecho que para romper la tendencia que el país lleva en materia de homicidios se requieren medidas a gran escala que trascienden a un gobierno de turno, lo que demanda un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas.
El saldo que dejó en materia de homicidios el extenso período de Fiestas Patrias -registrándose un total de 37 casos, contabilizados entre los días 16 y 23 de septiembre- ciertamente resulta un hecho que debe merecer la mayor preocupación, porque son el síntoma del grave problema de inseguridad que afecta al país. Las características que han rodeado estos asesinatos responden a los patrones que tantas veces se han visto: la mayor cantidad de los homicidios fue ejecutado mediante el uso de armas de fuego; varios casos tendrían relación con la criminalidad y drogas, a lo que se suma la presencia de ciudadanos extranjeros.
El balance estuvo rodeado en esta oportunidad por una intensa polémica, a propósito de las declaraciones de la ministra del Interior, quien señaló que “como número, como cantidad, es similar a los homicidios que hay los fines de semana”. La ministra luego precisó sus dichos, señalando que “si hubo malos entendidos, que quede claro que cada homicidio es irreparable e inadmisible”. A pesar de estas precisiones, la oposición incluso ha exigido la renuncia de los equipos de gobierno encargados del orden público, en tanto que diversos actores del mundo gremial y voces especialistas han hecho ver lo inconveniente del tono de dichas declaraciones, porque podrían minimizar hechos altamente dramáticos.
Más allá de que la ministra puede tener razón en que el balance de homicidios no difiere de lo que sería un período “normal”, esta controversia debe dejar como aprendizaje no solo el cuidado que ha de existir para analizar el cuadro delictual que afecta al país -especialmente cuando dicho tema es precisamente la mayor preocupación que por lejos expresa la ciudadanía-, sino que debe llevar a tomar especial conciencia sobre la necesidad de no acostumbrarse o naturalizar la realidad que el país vive en materia de homicidios, que es la consecuencia directa de la expansión del crimen organizado y formas de violencia que hasta hace poco tiempo eran inusuales en nuestra realidad.
Cabe tener presente que en 2018 Chile tenía una tasa de homicidios de 4,5 por cada 100 mil habitantes, la que para 2022 había escalado a 6,7. Eso significa que si hace seis años el país registró 845 víctimas por asesinatos, en 2022 la cifra llegó a 1.322, en tanto que el año pasado bajó levemente, a 1.248. Las cifras oficiales para el primer semestre de este año muestran que los homicidios disminuyeron en 9% con respecto a igual período del año anterior; es ciertamente un avance, pero ello no aleja que a diario aparezcan cadáveres acribillados -con oleadas de asesinatos cada cierto tiempo- y proliferen los ajustes de cuentas, en buena medida debido al sicariato o los sangrientos controles territoriales de bandas dedicadas al narcotráfico.
El saldo que dejaron estas Fiestas Patrias es indicativo de que para romper con esa “normalidad” se requiere un esfuerzo mucho mayor como país de lo que hemos venido haciendo, lo que exige un acuerdo político amplio en materia de seguridad de modo de no solo priorizar una serie de leyes necesarias para combatir este flagelo, sino abordar otros aspectos indispensables, como el fortalecimiento de las policías tanto en recursos como en personal, reforzar la persecución penal, abordar la realidad de las zonas dominadas por el mundo narco y cómo fortalecer allí la presencia del Estado, entre tantas otras materias que trascienden a un gobierno de turno.
