La paja en el ojo ajeno



Por Juan Carvajal, periodista y ex director de la Secom

No hay nada, absolutamente nada que justifique los actos de violencia que ocurrieron en la noche del lunes, que por lo demás empañaron una jornada en la que miles de personas salieron a marchar para conmemorar un día que marcó un antes y un después en el país. Tan legítimo es el derecho a protestar, como condenable es el uso de la violencia en democracia. Más aún, cuando la más importante conquista que se obtuvo a raíz de las movilizaciones -la Convención Constitucional, que ostenta la representación más diversa y democrática de las instituciones chilenas- como homenaje a aquella fecha, dio inicio a la discusión de fondo sobre la nueva Carta Magna que tendrá el país.

El día lunes llamó la atención la falta de eficiencia de la policía y el estado en que quedó el centro de Santiago y de otras ciudades, como también que la autoridad culpara a los candidatos presidenciales de centroizquierda de los desmanes y actos delictuales. En realidad, esto solo es entendible en tiempos de campaña, ya que hace un tiempo se culpaba al gobierno anterior de los problemas, mientras que ahora se responsabiliza a los candidatos para el próximo período de la conducta de algunos. La autoridad debería tomar nota de que la intervención electoral del gobierno se prohíbe por ley, como también el hecho de que el Presidente de la República esté siendo investigado por el Ministerio Público y a la espera de una votación en la Cámara por la Acusación Constitucional por un millonario negocio en un paraíso fiscal, influye como factor de radicalidad en estas marchas.

La responsabilidad sobre la seguridad y el orden público es y ha sido siempre de los gobiernos. Para eso está el Ministerio del Interior, en particular el subsecretario del organismo y ahora, además, la Subsecretaría de Prevención del Delito. En un grado mucho menor, quienes convocan a movilizaciones deberían responsabilizarse del control y desarrollo de los mismos, pero la seguridad y el orden le corresponde a la autoridad.

Hace solo algunos días el gobierno anunciaba un plan con “tareas preventivas y disuasivas” que se implementarían desde el viernes 15 en adelante. El subsecretario Galli sería el encargado de supervisar y de adoptar medidas donde se produjeran desmanes. Según este mismo plan, se destinaron 5 mil efectivos que debían estar en las zonas de riesgo. Un diseño que, claramente, fracasó y puede ser por diversas razones: que no hubo capacidad de control, que se desplegaron de manera errónea los piquetes, que la cantidad de manifestantes fue mucho mayor a la proyectada o que los desmanes superaron con creces el plan del gobierno. Pero, lo que no puede ocurrir es que la autoridad no asuma los errores propios y, en cambio, caiga en el viejo garlito de “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, utilizando electoralmente lo sucedido.

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