La persecución penal en tiempos de pandemia

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La pandemia ha trastocado la vida de las personas y la sociedad en su conjunto. Frente a esta realidad, el sistema de justicia penal también resultó afectado. La continuidad de su funcionamiento se ha enfocado en temas esenciales, como las audiencias destinadas a controlar la detención de quienes son sorprendidos cometiendo delitos flagrantes y los procesos criminales en que existen personas privadas de libertad.

El Ministerio Público, y en particular la Fiscalía Oriente, adaptó su trabajo a la realidad que se ha ido imponiendo en el país desde marzo, reorientando sus recursos y enfocando sus esfuerzos hacia aquellos hechos de mayor gravedad y que más afectan la convivencia social. Así, si en tiempos normales los hurtos cometidos al comercio representaban la mayor cantidad de detenidos, hoy eso se ha visto reemplazado por el delito contra la salud pública del artículo 318 del Código Penal, que castiga a quien pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, señalando penas de 61 a 3 años de presidio o multas de seis a 200 UTM.

En la zona que me corresponde encabezar, que abarca las comunas de La Florida, Peñalolén, Macul, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, son más de ocho mil los casos ingresados por el delito indicado. En más de mil de ellos, las personas detenidas han pasado a audiencias de control de detención por ser refractarios y reiterativos en su conducta, quedando afectos muchos de ellos a medidas cautelares. Incluso, ante situaciones especialmente graves, se decretó la prisión preventiva.

Creemos fundamental que se respeten las normas sanitarias para evitar la propagación de los contagios, pero no podemos perder de vista la realidad delictual: si bien ha habido una baja sustancial de los restantes delitos, vemos con preocupación la frecuencia con que ocurren hechos violentos, pese a las restricciones que imponen las medidas dispuestas por la autoridad. Los robos violentos, homicidios y el tráfico de drogas son los que más preocupan por su gravedad.

Frente a eso, cabe reflexionar respecto del rol del Estado, el cual no puede ser subsidiario cuando de seguridad se trata. Ahí se requiere un Estado sólido y presente, con instituciones bien dotadas en cuanto a sus recursos y que actúen en forma coordinada, teniendo siempre presente que los esfuerzos estatales no se agotan en la persecución penal, sino que requiere de una fuerte y permanente inversión social a fin de revertir los factores que posibilitan el ejercicio de la violencia.

En definitiva, la persecución penal no cesa en tiempos de pandemia, y se hace más necesaria que nunca su eficacia para ayudar a preservar la paz social, condición fundamental para la vigencia del estado democrático de derecho, que, aunque imperfecto, es el mejor sistema al que podemos aspirar.

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