El crimen organizado necesita mucho más que mover dinero. Necesita que ese dinero parezca provenir de actividades legales. Para eso puede recurrir a sociedades, inversiones, contratos, proveedores y operaciones comerciales habituales. La plata se lava en la economía legítima y esa realidad debiera cambiar la forma en que discutimos la prevención.

Cuando hablamos de lavado de activos, solemos pensar en bancos, reportes de operaciones sospechosas y persecución penal. Todo eso importa, pero el daño empieza mucho antes y llega más lejos. Los capitales ilícitos compiten con empresas que sí deben financiarse, pagar impuestos y sostenerse con ingresos genuinos. Pueden alterar precios, comprar influencia y abrirse paso en actividades de las que dependen empleos, comunidades y recursos públicos. Proteger a las empresas de esa competencia también es parte fundamental del propósito del sistema antilavado.

La respuesta, sin embargo, suele organizarse en compartimentos. Una autoridad reúne antecedentes que otra no puede usar a tiempo. El sector privado reporta sin recibir información que le ayude a reconocer nuevos riesgos. Se dictan obligaciones generales cuando lo que se necesita es distinguir mejor dónde están las vulnerabilidades. Y, mientras tanto, quienes delinquen se adaptan, crean otras sociedades o cruzan la frontera.

Nuestro sistema antilavado, a mi juicio, necesita una reformulación. Antes de sumar deberes o instituciones, necesitamos comprender mejor los riesgos, las vulnerabilidades y el aporte que puede hacer cada actor, porque no se les puede pedir a todos lo mismo. La UAF produce inteligencia financiera que entrega pistas valiosas a quienes tienen a su cargo la investigación y la persecución penal. Pedirle que cumpla también ese último papel sería pedir peras al olmo debilitando, de paso, el propio sistema. El olmo da sombra, y esa sombra ya tiene un enorme valor.

La coordinación entre instituciones es indispensable, pero no alcanza por sí sola. Los flujos ilícitos no respetan organigramas ni límites nacionales. Cada país forma parte de un sistema internacional y necesita conversar con los demás. En ese sentido, las 40 Recomendaciones del GAFI son el estándar que debiéramos tener a la vista para no inventar la rueda. Ofrecen un lenguaje común que cada país debe aplicar de acuerdo con sus riesgos y sus propias realidades. La cooperación permite seguir personas, sociedades y activos cuando una operación continúa en otra jurisdicción.

También debemos abrir esa conversación dentro de cada país. El Estado investiga, supervisa y administra información. Las empresas, que es por donde se lava el dinero sucio, conocen sus operaciones, clientes y cadenas de suministro mejor que nadie. La sociedad civil observa impactos, exige explicaciones y puede advertir riesgos que no aparecen en una base de datos. Al Poder Legislativo le corresponde definir reglas claras, dar herramientas a las instituciones y preguntar si están produciendo resultados. Cada actor tiene una responsabilidad distinta, pero innegablemente todos tienen algo que aportar.

Esto no significa multiplicar exigencias por reflejo. Queremos economías que crezcan, innoven y atraigan inversiones. Si tratamos cada actividad como si presentara el mismo nivel y tipo de riesgo, consumiremos recursos donde menos se necesitan y dejaremos puntos ciegos donde más importan. Una legislación precisa, proporcional y basada en riesgos puede proteger mejor la actividad empresarial. En esta materia, menos puede ser más, siempre que sepamos dónde poner el foco y evaluemos lo que funciona.

La pregunta no debiera ser cuántas normas más podemos aprobar. Debiera ser si somos capaces de conocer quién controla los capitales, compartir información útil, seguir el dinero y recuperar las ganancias del delito. El crimen organizado ya opera como una red. Para enfrentarlo, nuestros sistemas tienen que aprender a trabajar como tal.

*La autora de la columna es socia de Eticolabora y directora de empresas