Por la reivindicación medioambiental internacional de Chile

Santiago será sede de la COP 25, la mayor Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU entre el 2 y el 13 de diciembre próximo, que reunirá a cerca de 25 mil personas provenientes de 196 países, con un costo cercano a los USD 62 millones, compromiso gubernamental asumido en diciembre de 2018 luego de que Brasil retirara su candidatura a ser sede de la misma.

Hace unos días, trascendió una misiva en la que la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, solicitaba posponer la cita a enero de 2019, aduciendo razones de carácter logístico –transporte, lugar, y hotelería- que complicaban el rol de anfitrión de Chile, a tan solo tres meses de haber sido anunciado con bombos y platillos el compromiso -de gran magnitud- adquirido.

La sola propuesta de posponer la cumbre, rechazada por la ONU, le restó una vez más seriedad y prestigio tanto a la política internacional como a la medioambiental de nuestro país, especialmente tras la repentina y sorpresiva retirada del Acuerdo de Escazú, a pesar de que Chile fue uno de los impulsores junto a Costa Rica. Dio a entender, por otro lado, que la propuesta de asumir la organización de la cumbre fue improvisada y que no se midieron los riesgos antes del gran anuncio.

En ese marco, es que Chile, como Estado, debe aprovechar la oportunidad de reivindicarse ante el mundo, tanto en materia internacional como medioambiental, al organizar un encuentro de primer nivel, como ya se posee experiencia en cumbres CELAC-UE y APEC. Constituye el desafío de utilizar en forma innovadora y amigable con el hábitat la infraestructura y los espacios que se poseen y abre la posibilidad de realizar actividades simultáneas y de situar nuevos temas en la agenda.

Recientemente, se ha señalado que la cumbre tendrá un enfoque ciudadano, en contrapartida a la oposición manifestada en Escazú –que buscaba precisamente garantizar los derechos de la participación de la ciudadanía en materia medioambiental- lo que constituye, al menos en términos declarativos, un paso preliminar relevante. Ahora queda ver cómo ese enfoque se concreta efectivamente en los meses sucesivos, más allá de giras promocionales, para así dar una señal reivindicatoria importante al mundo.

Por otro lado, entre los siete temas señalados –océano, antártica, energías renovables y electromovilidad, economía circular, ecosistemas, además de bosques y diversidad- se espera que el primero se sitúe como el gran eje, lo cual sería una señal de responsabilidad y consecuencia importante, ya que va de la mano con políticas nacionales ya adoptadas e innovadoras en la región. Por ejemplo, la ley de prohibición de bolsas plásticas en el comercio; otras que se discuten en el Congreso –como la ley que limita el uso de bombillas plásticas- y acuerdos en curso, tal como el de congelar el impacto de la huella por pesca de arrastre en los ecosistemas marinos. Otro punto reivindicatorio de Chile a nivel internacional.

Nuestro país es altamente vulnerable ante el cambio climático, aun cuando no somos uno de los grandes emisores de gases contaminantes, e incluso Isla de Pascua fue declarado por la Unesco como uno de los seis sitios del patrimonio más vulnerables. En estas condiciones, no nos podemos de ninguna forma mantener como Estado al margen en la materia y esta cumbre, más allá de los riesgos, surge como una oportunidad de oro para posicionarnos y reivindicarnos.