La última frontera




El general Mark Milley, el oficial de más alto rango del ejército de Estados Unidos, hizo una declaración muy celebrada: “no prestamos juramento a un rey o una reina. Un tirano o un dictador… Hacemos un juramento a la Constitución”. Dejó claro que cualquier intento por desconocer el proceso institucional y democrático, incluso por el Presidente en ejercicio, no contaría con el apoyo de la milicia, porque ellos siguen las reglas que ordenan su sociedad.

El respeto a un conjunto de normas es el sustento del estado democrático de derecho, constituye la garantía de que nadie usará las facultades que se le han conferido de manera arbitraria, es el gobierno de la ley, no de las personas. Entre nosotros, muchos no perciben la contradicción que hay entre alabar al general Milley y validar “sacrilegios constitucionales”; presentar y aprobar acusaciones contra ministros, simplemente porque se tiene el poder para hacerlo, aunque el acusado no haya incurrido en las infracciones requeridas para ello; o desatar la violencia callejera con el objetivo explícito de derrocar el gobierno legítimo.

Es fácil decir que la diferencia está en la Constitución, pero esa explicación es demasiado débil, la verdadera diferencia está en la convicción de que solo se puede vivir civilizadamente si todos renunciamos a pretender que nuestros valores y nuestros fines son superiores a los del resto, sometiéndonos así a un estatuto común que dispone la forma de buscar y ejercer el poder.

En un estado democrático de derecho las cosas se hacen de una cierta forma, siguiendo procedimientos que garantizan valores superiores, como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la presunción de inocencia y muchos otros. Esa es la fuente de legitimidad esencial, es lo único que, en el fondo de cualquier crisis, permite reivindicar el ejercicio del poder, llegando incluso al uso de la fuerza, cuando ella se aplica para preservar el imperio de la ley.

Por eso, en caso de conflicto, el gobernante democrático tiene que elegir siempre la ley antes que los acuerdos políticos, la popularidad o incluso la paz social, puesto que esta última solo es estable cuando es producto del imperio del derecho y no de la renuncia a imponerlo. Es un error creer que se puede salvar una crisis de gobernabilidad haciendo “guiños” o prefiriendo las encuestas a las instituciones.

La violencia extrema parece querer venir nuevamente por todo y si las barricadas, las molotov y las piedras llegan a las puertas de La Moneda, no serán “jóvenes con sueños” los que sostendrán el gobierno legítimamente constituido, serán los carabineros de siempre, humildes servidores públicos que juran arriesgar su vida por Dios y nuestra bandera. Ellos son la última frontera del imperio de la ley, sería bueno no olvidarlo.

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