SEÑOR DIRECTOR:
En sincronía a la pronta discusión de la nueva Ley de usurpaciones, que crearía la figura de flagrancia permanente y sancionaría con cárcel a los usurpadores, alcaldes oficialistas nos hablan de su política de “recuperación de inmuebles tomados en comisión de delitos”, es decir, asociados a delitos más allá de la propia toma, y los parlamentarios del Frente Amplio (Gonzalo Winter y otros) promueven su proyecto de “Ley Requisa”. Gracias a esta, “el municipio dispondrá de la propiedad hasta que la situación de seguridad haya sido controlada o hasta que el concejo municipal lo estime”; una suerte de “expropiación transitoria” para ocupar propiedades ajenas con un criterio discrecional según el Concejo de turno, pero sin el correspondiente pago indemizatorio.
Curioso timing para mostrar una preocupante relativización de la usurpación como un delito en sí mismo por un lado y de la propiedad privada por el otro.
Demetrio V. Benito O.
Perito tasador
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