Enfrentar problemas complejos solo con frases y simplificaciones es una manera de no resolverlos. Un ejemplo a la vista es cómo la actual alcaldía de Santiago ha decidido abordar las problemáticas de los liceos a su cargo, incluida la violencia no-escolar enquistada por más de una década.

Además de las frases altisonantes con afán provocador hacia los jóvenes, o la voluntaria desarticulación de la gestión directiva en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) —de la cual un reportaje de La Tercera daba cuenta—, llama la atención que la primera medida anunciada por el alcalde Desbordes sea algo que ya existe. En efecto, los reglamentos internos de convivencia escolar (RICE) contienen, por ley, toda la normativa vigente en lo referido a faltas y sanciones, incluida por cierto la ley n°21.128 conocida como “aula segura”. En el caso de los liceos de Santiago esta ya figuraba de forma explícita en los respectivos RICE. ¿Faltaba el subrayado? Claramente no.

Se insiste en hacernos creer que “gracias a la ley aula segura” vamos a resolver los problemas, como si se tratara de un mero asunto de voluntad. Volvemos así a 2019 y al extendido manto de equívocos e ignorancia que rodea a una norma muy específica y a la cual se le prestan poderes mágicos que no tiene ni podría tener (esta ni ninguna otra ley). Un discurso engañoso que parece hablar a un público más bien externo a los liceos y que genera ambigüedad y divisiones allí donde no puede haberlas: nadie puede avalar y justificar en contexto escolar actos de violencia que constituyen delitos; y la ley —desde mucho antes de aula segura— ya permitía abordar y sancionar tales hechos.

Qué es entonces aula segura preguntará el lector. La respuesta es: ni más ni menos que la especificación de plazos acotados y la posibilidad de suspensión unilateral (mientras dura la investigación) en el marco del procedimiento para la eventual expulsión de un/a estudiante ante la posible comisión de faltas gravísimas. Se trata de una herramienta más que las y los directores aplican, por ejemplo, ante casos de agresión sexual o amenazas con fuego u otras armas.

Como cualquier herramienta, corresponde usarla adecuadamente y reconocer sus límites. Pero la irrealidad del discurso “mano dura y varita mágica” solo aumenta la confusión entre los actores y comunidades educativas, amplificando los problemas, generando divisiones y reduciendo el margen de los adultos para ejercer sus roles.

Entre 2022 y 2024, bajo la administración de la alcaldesa Hassler, un sostenido trabajo coordinado y colaborativo entre los equipos directivos y de la Dirección de Educación permitió disminuir las interrupciones al calendario escolar motivadas por tomas. Esto se logró, en primer lugar, dialogando y abordando los problemas con las y los propios estudiantes, problematizando con ellos el derecho a la manifestación y mostrando que no es necesario recurrir a agresiones y violencias para hacer valer demandas.

En el grupo de los ocho liceos con más hechos violentos, entre 2022 y 2024 se pasó de 116 a 12 días de clases perdidos por toma. El número de enfermedades profesionales cayó de 72 a 7 en ese mismo grupo y periodo. Datos de la Agencia de Calidad, muestran que en esos liceos todos los Índices de Desarrollo Personal y Social (Simce II°Medio) experimentaron alzas importantes y sostenidas entre 2018 y 2024. El índice de Participación y Formación Ciudadana pasó de 70,9 a 77,3 puntos promedio, mientras que Convivencia Escolar subió de 66,3 a 73,5. Consistentemente, también mostraron alzas significativas dimensiones tales como Ambiente de Respeto (+5,6 puntos), Ambiente Organizado (+7,8), Ambiente Seguro (+8), Sentido de Pertenencia (+11,2), Motivación Escolar (+5,3) y Hábitos de Autocuidado (+6,1).

Datos Mineduc muestran que en 2024 se logró revertir la caída de postulaciones al nivel I° Medio (+12,8% postulantes para 2025); y en liceos como el INBA, Instituto Nacional o Aplicación, las postulaciones para 7°Básico también dejaron de caer (+18%, +13%, +1,6% respectivamente). Cifras de la Superintendencia de Educación dan cuenta de un trabajo sistemático de aplicación de los RICE ante faltas gravísimas: si en 2018 se registran 26 expulsiones en establecimientos públicos de Santiago, en 2019 —con la ley n°21.128 ya vigente— hubo 20; mientras que entre 2022 y 2024 se cuentan 96. Por su parte, los registros de Carabineros y del Ministerio del Interior muestran que los hechos de violencia en liceos fueron disminuyendo en número y masividad, aunque en ocasiones adquirieran gran intensidad o incluso horror.

Estos avances, modestos pero relevantes, son fruto de un camino con líneas de acción simultánea, cuyo centro fue siempre lo formativo y pedagógico al interior de cada liceo. Pedagogizar la convivencia, reconstruir un funcionamiento regular y actualizar y robustecer los proyectos educativos, son los nodos fundamentales para erradicar la violencia. Olvidarlo o creer que las soluciones serán externas seguirá perpetuando este y otros problemas. Coordinaciones con el Ministerio de Seguridad, policías y Fiscalía son totalmente necesarias ante determinados hechos, pero no pueden suplantar el rol de lo propiamente escolar.

Predicar con el ejemplo y tomar una perspectiva menos mediática y más profunda y eficaz, de escucha activa, buen trato y diálogo a todo nivel, pareciera ser un piso mínimo para reducir (y no extender) problemas complejos como el de la violencia.

Mano justa. Mano inteligente. Pero, sobre todo, mano educativa y mucho trabajo y diálogo sincero, pueden ayudar a no retroceder a 2019.

Por Rodrigo Roco, Ex director de Educación , Municipalidad de Santiago, (Julio2002-Diciembre 2024)