SEÑOR DIRECTOR

Las encuestas de victimización son instrumentos valiosos para conocer de manera más fidedigna la magnitud y evolución de la criminalidad, así como la sensación de inseguridad vinculada al delito y la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia penal. A diferencia de las denuncias, nos permiten acercarnos de mejor forma a la cifra negra de la criminalidad y conocer -sin los filtros que suponen los registros institucionales- lo que nos dicen las víctimas o los ciudadanos comunes puestos en el lugar de potenciales víctimas.

El reciente Índice de Victimización 2020 de la Fundación Paz Ciudadana, por ejemplo, nos muestra cómo la victimización por robo o intento de robo ha experimentado una notable evolución en nuestro país, disminuyendo significativamente de 40,6% en 2019 a 27,4% en 2020. Sin duda, la actual situación de pandemia ha jugado un rol significativo en ese cambio.

Pero la información que nos entregan estas encuestas, aunque muy importante, no debe hacernos olvidar que esta es solo una cara o una parte de la criminalidad. La misma pandemia que nos ha obligado a permanecer en casa, resguardando de paso nuestra vivienda y nuestros bienes, ha expuesto a otros ciudadanos (en especial, ciudadanas) a sufrir -en algunos casos de manera más cruda- la violencia de sus propios cónyuges o convivientes.

Asimismo, tanto el estallido social como la propia pandemia, ha enfrentado a cientos de ciudadanos a diversas formas de violencia institucional. Tampoco debemos olvidar -en tiempos de crisis financiera- otras formas delictivas que suelen ser más invisibles, como la corrupción y la delincuencia económica. Estas cifras aparecen menos reflejadas en los reportes de victimización, sin embargo, a veces terminan siendo más lesivas para el conjunto de la sociedad.

Paula Medina G.

Académica, Universidad Central de Chile