Los desafíos que vienen para contener (y reducir) la pobreza

Por Rodrigo Herrera, jefe área Reducción de la Pobreza y Desarrollo Inclusivo, PNUD, magíter en Economía U. de Chile; y Matías Cociña, investigador PNUD, PhD en Sociología, University of Wisconsin-Madison

La crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus golpeó con fuerza a gran parte de los hogares del país. Sin embargo, su capacidad de respuesta y la resiliencia ante este golpe no ha sido similar para todos. En otras palabras, el impacto económico y social de la pandemia, aunque generalizado, interactuó con las desigualdades estructurales preexistentes y con la vulnerabilidad social y económica en la que ya se encontraba una parte importante de la población.

Una de las consecuencias de este choque entre la coyuntura de la crisis y la estructura de desigualdad, ha sido el aumento de la pobreza. Según los primeros datos disponibles a partir la encuesta Casen 2020, publicados esta semana, la tasa de pobreza por ingresos aumentó por primera vez desde 1990, afectando a un 10,8% de las personas, un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto de la última medida oficial. Hoy, 2,1 millones de personas viven en esta condición.

Si bien la pobreza es un fenómeno complejo y que tiene múltiples causas, las cifras que acabamos de conocer sugieren que hay dos factores principales que están interactuando, en sentido opuesto. Por un lado, la fuerte crisis del empleo experimentada en 2020 y la consiguiente caída en los ingresos laborales de los hogares impulso la tasa de pobreza por ingresos al alza. Las cifras hablan por sí mismas: en el primer decil, los ingresos del trabajo se desplomaron de 78.000 pesos mensuales en 2017, a 7.000 pesos en 2020. En el segundo decil cayeron de 256 mil a 114 mil. Durante 2020, miles de personas simplemente no pudieron vivir de sus trabajos.

Por otra parte, las transferencias de dinero que ha realizado el Estado han contribuido a mitigar en buena medida el alza en las cifras de pobreza. Estimaciones de Cepal apuntan a que, sin ellas, la pobreza por ingresos pudo haberse acercado al 14%. La política social cumplió, sin lugar a dudas, un rol clave en mitigar los impactos de la crisis, especialmente en aquellos hogares que menos recursos tenían para reaccionar ante la pérdida de sus ingresos laborales.

Si bien la política social ha sido indispensable, tener un trabajo bien remunerado es el mejor medio para salir y mantenerse fuera de la pobreza. Así, es de esperar que, con ayuda de la política pública, en los próximos meses la recuperación del empleo empuje a la baja las tasas de pobreza y pobreza extrema. Hay aquí, sin embargo, un hecho preocupante que destacar. Si bien el Banco Central ha señalado que la actividad económica está recuperando sus niveles prepandemia, las cifras indican que no está ocurriendo lo mismo con el empleo. Es más, solo se ha recuperado la mitad del empleo perdido durante 2020, su crecimiento se desaceleró en los últimos meses, y los rezagos en su recuperación se concentran en las mujeres, los jóvenes y las personas de menor escolaridad. Esto sugiere que la recuperación económica no ha llegado a todas y todos con la misma rapidez, y que hay grupos de la población que se están quedando atrás.

Estas y otras cifras sugieren que, si se mantiene el ritmo de creación de empleo que hoy tenemos y a la vez se retiran de manera abrupta los apoyos monetarios que ha estado entregado el Estado, la pobreza monetaria podría volver a aumentar. El desafío para la política pública es, entonces, lograr una recuperación del empleo que sea inclusiva y rápida y, hasta que ello ocurra, sostener los apoyos económicos a los hogares de modo que éstos puedan acceder a los bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas de sus miembros.

No debemos olvidar que la pobreza supone una serie de obstáculos que restringen el ejercicio de derechos de las personas, dificultando la ampliación de las oportunidades y seguridades necesarias para disfrutar de un nivel de vida adecuado. En efecto, datos de la Encuesta Social Covid-19 implementada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el INE y el PNUD, muestran que en 2020, junto a la caída de ingresos de los hogares, se presentaron problemas de inseguridad alimentaria, se ampliaron las brechas en resultados educacionales, se acentuaron las desigualdades de género, se afectó la atención oportuna de salud y se profundizó el endeudamiento, entre otros impactos negativos. Detrás de estas cifras hay personas -mujeres, niños y niñas, jóvenes, personas mayores- que han disminuido su bienestar y que requieren, de manera urgente, que la sociedad en su conjunto entregue una respuesta oportuna para acompañarlas en este momento dificil y, una vez pasada la emergencia, terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones.