Los fiscales y el proceso constituyente




Por Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales

Tal como se ha sostenido desde que se produjo el “estallido social”, Chile cambió. Cambió porque se movió el eje de la conversación política y se puso al centro de la discusión pública temas que la ciudadanía percibía que no habían sido atendidos por los poderes del Estado.

Este nuevo Chile que comienza a construirse, plantea nuevos desafíos para el Ministerio Público. Los y las fiscales, en nuestra calidad de ciudadanos y como responsables de la persecución penal y de búsqueda de justicia, nos sentimos interpelados por la demanda ciudadana de igualdad ante la ley y de mayor eficacia en la persecución penal, y decidimos ser parte de este desafío aportando al proceso constituyente.

La convocatoria de la Asociación Nacional de Fiscales permitió un amplio diálogo para construir en conjunto propuestas que se hicieran cargo de la brechas y limitaciones institucionales. Nuestro desafío era sentar las bases de una discusión para la conversación constitucional y hacernos cargo de lo que el país demanda en materia de persecución penal.

Hoy, nos parece esencial incorporar en la futura Constitución una norma que asegure la autonomía financiera del Ministerio Público y otra que establezca que el ejercicio de la acción penal pública sea de resorte exclusivo del Ministerio Público, quien la podrá ejercer siempre sin mayores restricciones, sin perjuicio de que la ley en materias específicas otorgue además la titularidad de la acción penal a otros órganos o autoridades.

El país nos demanda atender mejor a las víctimas y por ello junto con mantener el deber de protección, nos parece esencial que se incorpore su derecho a ser reparadas adecuadamente por el Estado.

Otro de los desafíos para recuperar la confianza ciudadana dice relación con la designación del Fiscal Nacional y los requisitos de los candidatos, quienes, según nuestra visión, deberán ser calificados por un organismo técnico que se defina en la nueva Constitución, el que debe analizar las capacidades técnicas que deben cumplir, previo a la intervención en su nombramiento de otros poderes u órganos del Estado.

Proponemos ser sometidos a la regla de paridad de género para el nombramiento de las autoridades, especialmente de las autoridades superiores de nuestra institución y que la cuaterna para elegir fiscal regional considere un número par de candidatos que permita aplicar reglas de paridad de género.

Los más de 20 años de existencia del Ministerio Público nos han permitido tener una visión sistemática y fundada sobre la efectividad, logros y desafíos de nuestra función. Estas ideas que presentaremos a la Convención recogen la experiencia de cientos de persecutores públicos y responden en parte a esa ciudadanía que se expresó con tanta fuerza en la calle y en las urnas exigiendo dignidad, derechos e igualdad ante la ley.

Estos son algunos de los desafíos del Ministerio Público para ser el organismo que este nuevo Chile necesita. Hoy, nos hacemos cargo de esa esperanza, y esperamos contribuir a mejorar nuestra democracia y la calidad de vida de millones de chilenos y chilenas.

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