Por Soledad Alvear, abogada

De los vacíos que dejó la reforma de los partidos políticos (año 2016), fue la situación de las personas que, habiendo tenido una militancia política, decidieron no reficharse en el partido al que pertenecían.

Según las estadísticas del Servicio Electoral, a julio de este año son trescientas cincuenta y tres mil las personas que quedaron en una situación claramente discriminatoria. Esto, porque la ley establece que las personas que no se reficharon quedan suspendidas en sus derechos políticos en el partido al que pertenecían, pero no les reconoce la calidad de militantes. Tampoco se consideran a esas personas dentro de los militantes que la ley exige para postular a cargos de elección popular.

Es decir, estamos frente a una evidente situación de limbo legal y político de un número muy importante de chilenos. Siendo evidente que una persona que no se refichó, teniendo un amplio plazo para hacerlo y con un esfuerzo de los propios partidos para lograrlo, ha manifestado tácitamente con ello su voluntad de adquirir el carácter de independiente y, por consiguiente, renunciar a tener la calidad de militante.

Uno de los principios de la lógica nos indica que “nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias”. Bajo ese principio, sería natural que la ley reconociera el carácter de independiente de las personas que voluntariamente no se reficharon en el partido político al que pertenecían. Porque es evidentemente injusto que, por una parte, en la práctica se les prive de su calidad de militantes y, por otra, no se les reconozca como independientes. Nos preguntamos entonces: ¿en qué situación se encuentran los derechos políticos de dichas personas?

Buscando resolver este problema, el 5 de agosto de este año se presentó una moción parlamentaria por parte de un grupo transversal de diputados de todos los sectores políticos, encabezados por el diputado Pepe Auth. En la misma línea apunta una indicación presentada por el Ejecutivo. Debido a que estamos próximos a un período de ocho elecciones consecutivas, es fundamental resolver a la brevedad este problema que afecta a miles de chilenos.

Aprobar estas iniciativas legales, con la debida celeridad, proporcionará certeza política tanto a los independientes, como a los partidos y en general a todos los ciudadanos que se encuentran en un verdadero limbo legal, inédito en nuestra historia política reciente y completamente anómalo si miramos las regulaciones de los sistemas de partidos a nivel mundial. 

Es muy importante que los parlamentarios puedan acelerar la tramitación de estas iniciativas legales, para resolver esta incoherente situación. La inmensa mayoría de los chilenos(as) son independientes y deben tener el derecho a participar en las próximas elecciones.