La aprobación por el Congreso de la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, impulsada por el gobierno, sin duda, es una buena noticia. Ello, pues se establece un marco normativo común para el otorgamiento de permisos sectoriales, plazos máximos de tramitación con incentivos para cumplirlos y nuevas herramientas que, de ser utilizadas, pueden implicar la obtención más ágil de las autorizaciones sectoriales. Sin embargo, para poder destrabar realmente la “permisología” y generar mayor certeza para la inversión, este proyecto de ley es insuficiente por razones muy claras.

Primero, porque quedan fuera de su ámbito de aplicación los proyectos de inversión que se tramitan dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que tienden a ser aquellos más significativos. Es un hecho, y distintos estudios así lo han señalado, que los plazos de tramitación asociados a permisos ambientales son excesivos. Según el informe del comité de expertos sobre espacio fiscal y crecimiento de 2023, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tomó, en promedio, 405 días para la aprobación de un estudio de impacto ambiental y 646 para su rechazo. Estos extensos plazos se explican en gran parte por la iteración que se produce entre el SEA y otros servicios públicos que revisan o se pronuncian sobre el proyecto, los cuales muchas veces piden solicitudes de información de las cuales se tiene que hacer cargo el titular y que no son posibles de resolver en los plazos regulares del procedimiento. Por ello, convertir al SEIA en una verdadera y efectiva ventanilla única y mejorar la coordinación entre servicios son medidas indispensables si se busca reducir de manera significativa los plazos de tramitación.

Pero de poco sirve avanzar en propuestas para obtener una tramitación más ágil y eficiente si posteriormente se abre una arista judicial que dilata o frena el desarrollo de proyectos, siendo en muchos casos abusiva. Según el mismo informe citado, desde la existencia del SEIA y hasta el primer semestre de 2023, 187 proyectos de inversión aprobados se judicializaron, representando un monto de inversión de US$ 51.088 millones. Ello no solo implica un aumento en los plazos para poder operar, sino que abre un margen importante de incertidumbre. En ese sentido, la reforma al SEIA en tramitación plantea algunas propuestas que, aunque perfectibles, pueden ser un avance. Por ejemplo, limita las vías de impugnación en contra de una resolución de calificación ambiental a un recurso único de reclamación, al tiempo que permite que se pueda recurrir a los tribunales ambientales, sin necesidad de agotar la vía administrativa.

La permisología en Chile se ha transformado en una barrera para el desarrollo. Por ello, no basta con la nueva ley marco. Se requiere también introducir mejoras a ciertos permisos críticos (Consejo de Monumentos Nacionales, por ej.), avanzar con determinación en la reforma al SEIA y abordar el fenómeno de la judicialización temeraria.

Por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo