Más hechos y menos palabras

SEÑOR DIRECTOR:
Los partidos políticos, liderados por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, han dado un espectáculo tratando de ponerse de acuerdo sobre bases o márgenes a respetar en la redacción de una nueva Constitución. No es que ello sea de suyo criticable, pues todo esfuerzo por identificar los elementos esenciales de la identidad constitucional chilena que deben ser preservados a futuro, es un ejercicio democrático valioso.
Sin embargo, las conversaciones siguen entrampadas y no pueden avanzar en la definición del órgano que debiera redactar la nueva Carta Fundamental, así como tampoco sobre el rol que debiera cumplir el comité de expertos que acompañe ese proceso. Entretanto, el tiempo pasa vertiginosamente y ya estamos a un mes y medio del abrumador triunfo del Rechazo a la propuesta elaborada por la Convención Constitucional.
A la luz de este escenario, puede decirse que estamos perdiendo un tiempo valioso en la concreción de la voluntad del pueblo de Chile para ajustar nuestra Constitución a las exigencias actuales, que no solo incluyen aquellas que se visibilizaron durante el estallido social. El rezago no se explica, cuando es evidente que la ciudadanía chilena no desea otra Convención Constitucional, porque quedó hastiada del último experimento.
Es por eso que destacan dos hechos de mucha relevancia, y que ojalá se conviertan en hitos decisivos para que el Congreso, por fin, asuma la responsabilidad que le corresponde, en orden a emprender la redacción del nuevo pacto de convivencia para los chilenos: uno es la aprobación, por la Comisión de Constitución del Senado, de la reforma constitucional que reinstaura el sufragio obligatorio en el artículo 15 de la Carta vigente; el otro es la presentación del proyecto de reforma constitucional, que realizaron los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, para introducir la fórmula de Estado constitucional y democrático de derecho en la Constitución, junto a valiosas puntualizaciones sobre la dignidad humana, los deberes del Estado y los valores esenciales que debe impulsar.
A casi dos años de iniciado el proceso, hechos y no más palabras es lo que se necesita hoy.
Marisol Peña Torres
Directora del Centro de Justicia Constitucional
Universidad del Desarrollo
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