Una buena política pública se mide no solo por su intención, sino por su impacto. La reciente aprobación de la ley “Más Mujeres en Directorios” es un caso ejemplar: una medida que, lejos de ser una imposición simbólica, responde a una necesidad estratégica para el crecimiento económico del país.

Con una cuota máxima sugerida del 60% por sexo en directorios empresariales —y un modelo gradual de implementación basado en “cumplir o explicar”—, esta ley se alinea con lo que el mercado ya viene diciendo hace años: la diversidad de género en los espacios de decisión no solo es justa, también es rentable.

Diversos estudios han demostrado que cuando hay mujeres sentadas en las mesas donde se toman las decisiones, las empresas rinden mejor. En Chile, por ejemplo, un análisis de la Universidad de Chile reveló que los directorios mixtos tienen hasta un 55% más de rendimiento operativo y un 15% más de rentabilidad que aquellos integrados exclusivamente por hombres. A nivel global, la investigación de Levi, Li y Zhang sobre empresas del S&P 1500 mostró una disminución del riesgo operativo y financiero en firmas con mujeres directoras.

Pero este no es solo un tema de balances y dividendos. Incorporar a más mujeres en los directorios ayuda a corregir un rezago cultural que ha mantenido en la sombra uno de los activos más valiosos del país: la mirada femenina en la toma de decisiones. Harvard y UC Berkeley encontraron que los equipos con mayor representación femenina tienen 25% más probabilidades de generar innovación rentable. No es romanticismo: es estrategia.

Frente a las críticas habituales —que la cuota puede ser un criterio injusto, que podría afectar la “meritocracia”, o que las mujeres designadas serían simbólicas— hay que responder con evidencia, pero también con sentido común. Primero, porque el mercado chileno ha demostrado que existen suficientes mujeres con preparación y experiencia para ejercer cargos de alta dirección. Segundo, porque la meritocracia mal entendida es solo otra forma de perpetuar el statu quo. Y tercero, porque esta ley no impone una cuota rígida, sino que abre una ruta responsable, transparente y evaluable.

A quienes se resisten, quizás vale la pena recordar que países como Noruega —pionero en cuotas de género desde 2006— no solo no vieron retroceso económico alguno, sino que fortalecieron su gobernanza corporativa. O que Francia, con la ley Copé-Zimmermann, pasó de tener un 10% a más de un 45 % de mujeres en directorios en una década, con impactos positivos en reputación, innovación y competitividad.

Con esta ley, que tanto hemos empujado desde ComunidadMujer, Chile no solo corrige una brecha histórica, sino que se proyecta hacia un modelo empresarial más sólido, más equitativo y más inteligente. No hay progreso económico sin progreso humano. Y no hay progreso humano sin igualdad.

Por Paloma Ávila, consejera de ComunidadMujer