Medidas para mejorar la convivencia vial

Ley de Convivencia Vial



Para cualquiera que transite por las calles de la capital se hará evidente -además de la gran cantidad de vehículos- la proliferación de medios de transporte no convencionales o alternativos, como bicicletas, motos y recientemente los scooters o patinetas eléctricas. El masivo uso de dichos medios plantea una serie de complejidades desde el punto de la convivencia vial, así como de la responsabilidad que cabe a las distintas instancias que intervienen en todo el sistema para hacer exigible que las normas del tránsito se cumplan apropiadamente, algo que ocurre a medias.

Precisamente el laxo cumplimiento de dichas normas está llevando a situaciones que a ratos pueden alcanzar dimensiones caóticas -ciclistas o motoristas zigzagueando entre los autos, scooters a toda velocidad en las aceras, con evidente riesgo para los peatones-, lo que lleva a que las ventajas de contar con medios alternativos -para así desincentivar el uso de automóviles- comience a difuminarse, desatando una comprensible molestia ciudadana.

El noviembre del año pasado entró a regir la ley sobre convivencia vial, con el objeto de lograr una armonía entre los distintos medios de transporte. Una evaluación general permite apreciar que dicha norma ha tenido algunos logros importantes, como por ejemplo una caída relevante en el número de ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito. También dictó regulaciones precisas respecto del uso de ciclos -aquí caben bicicletas y scooters-, en cuanto a que éstos deben circular por la calzada -excepto situaciones excepcionales que la ley detalla- así como la exigencia de medidas de seguridad, como el uso de cascos, y lugares de aparcamiento, entre otras.

Probablemente no se anticipó el fenómeno que representaría la proliferación de empresas que se dedican al alquiler de bicicletas así como de scooters, lo que ha sido particularmente evidente en las comunas del sector oriente de Santiago. También ha sido llamativa la aparición de cadenas internacionales dedicadas al envío de comida a domicilio, cuyos repartidores -que suman miles y miles- han pasado a ser parte del paisaje habitual de las calles. Todas estas empresas han de asimilar que no deberían pretender cosechar solo los beneficios de un actividad económica legítima, desentendiéndose de la responsabilidad que les cabe en asegurar que sus usuarios o sus empleados también cumplan con las exigencias de seguridad establecidas en la ley.

Así, por ejemplo, el no uso de casco al conducir cualquier tipo de ciclo es desde luego una falta, y aumenta la probabilidad de lesiones o fallecimiento en caso de accidente. Por ello debería explorarse que aquellas empresas que arriendan este tipo de vehículos obligatoriamente provean de cascos a sus usuarios, e insistan sobre la importancia de observar velocidades prudentes, sobre todo en el caso de scooters. Asimismo, parece necesario que las empresas dedicadas al reparto a domicilio se hagan más responsables de que sus repartidores no incurran en conductas riesgosas o imprudentes.

Medidas de esta naturaleza -así como el apego de todos a las normas y la civilidad- contribuirían a una mejor experiencia vial, lo que debe ser complementado con una fiscalización más estricta por parte de la autoridad.

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