Megasequía



Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP

Chile es el décimo octavo país con mayor estrés hídrico del mundo, y para 2040 se pronostica que estaremos disputando los primeros lugares (WRI). Esta megasequía no tiene precedentes en nuestra historia. Según las reconstrucciones climáticas en base al crecimiento de anillos de los árboles, esta década no tiene análogos en el último milenio. Desde 2010, el territorio que abarca desde la región de Coquimbo hasta la de La Araucanía ha experimentado un déficit sostenido de las precipitaciones cercano a 30%. Este déficit ocurre en la década más cálida de los últimos 100 años, profundizando aún más el déficit hídrico en el país. Nuestros embalses presentan un déficit del 50% con respecto a sus promedios y los dedicados al agua potable tienen un déficit de 58%. Los caudales de nuestros ríos presentan en promedio un déficit de 69%. Asimismo, se observa un déficit de la nieve acumulada, aumentando la altitud de la cota donde nieva. Ello trae consigo desabastecimiento de agua durante el verano y aumento del riesgo de aluviones debido a las precipitaciones cada vez más altas en las cuencas.

¿Se trata de una sequía excepcionalísima o es nuestra nueva realidad como consecuencia del calentamiento global? Los expertos nos advierten que producto de la geografía de nuestro país somos muy sensibles al cambio climático. La sequía vino para quedarse y ello nos debiera obligar a tomar medidas drásticas, pues la disponibilidad de agua dependerá principalmente de nuestra capacidad de adaptación.

La escasez de agua producto del desajuste entre oferta y demanda del recurso hídrico conlleva graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. La escasez de agua impacta negativamente sobre diversos sectores de la economía que dependen fuertemente del agua y repercuten en el PIB del país. El sector más perjudicado por la escasez de agua es sin duda la agricultura, cuyo consumo de agua corresponde al 72% del consumo total. La agricultura es una industria intensa en mano de obra y se desarrolla de forma descentralizada en el territorio, con especial intensidad en zonas rurales. Otros sectores afectados son la minería, las industrias, el sector agropecuario y los generadores de electricidad, dado que nuestra matriz energética está principalmente basada en el recurso hídrico.

La consecuencia más visible y dramática de la escasez de agua en la economía es el aumento del desempleo. En la agricultura es particularmente cruel, pues afecta de forma desproporcionada a quienes no tienen el capital suficiente para invertir en innovaciones tecnológicas que les permita disponer de agua a un mayor costo.

Pero este no es el único costo social, también afecta la higiene y salud personal y pública, aumentando la tasa de mortalidad, especialmente de la población más vulnerable, y en la disponibilidad de áreas verdes.

Todo ello puede llevar a la balcanización de las comunidades, es decir, a la polarización de las relaciones al interior de las comunidades, aumentando y escalando la violencia de los conflictos.

Finalmente, la escasez hídrica tiene impactos ambientales. Somos proclives a mayores incendios forestales, aluviones, aumenta la deforestación y la erosión de la tierra, la calidad de las aguas se degrada, al igual que el valor del paisaje, y nuestra flora y fauna se debilita al punto de que el 35% de los vertebrados clasificados presenta riesgos de conservación.

¿Qué estamos esperando para reaccionar? Nuestra normativa es estática y reactiva, inadecuada para gestionar una escasez que ha pasado de coyuntural a permanente. Necesitamos con urgencia mejorar la normativa, la gestión y la gobernanza del recurso hídrico. Ello exige mejores políticas y regulaciones; fortalecer las instituciones del Estado, entregándoles mayor autonomía, atribuciones y recursos; y un plan de inversión de largo plazo. Existe transversal acuerdo entre los técnicos sobre la urgencia de avanzar y cómo hacerlo, pero nuestra clase política no acusa recibo. Mientras no sea trending topic en Twitter estamos perdidos.

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