Hace diez años, Ciper publicó un mapa con 80 zonas "ocupadas" por bandas criminales en Santiago donde las empresas de servicios no podían entrar. Un año después, en Atisba ampliamos esta radiografía a las capitales regionales, concluyendo que 1,7 millones de chilenos vivían en barrios segregados e inseguros, e hicimos propuestas para integrarlos con líneas de Metro, centros cívicos y espacios públicos.

Por lo tanto, la violencia narco que hemos visto estas semanas no es novedad. Lo inédito es la falta de claridad del sector político para abordarla. La derecha propone militarizar las poblaciones, una estrategia que ha fracasado, ya que aumenta los muertos y el poder de fuego de las bandas; la izquierda propone resolver los "problemas estructurales" que explican el narcotráfico, lo que tomará décadas; y el Frente Amplio quiere legalizar la cannabis y subir impuestos para "capturar plusvalías" generadas por obras públicas en sectores populares.

No siempre estuvimos tan perdidos. En el gobierno del Presidente Lagos, el problema narco de Alto Hospicio recién partía, pero amenazaba con extenderse a un amplio sector que concentraba la pobreza de Iquique. Rápidamente se armó una fuerza de tarea para invertir en conectividad y reforzar la presencia del Estado en el territorio, con servicios públicos que dieron lugar a un municipio. La Presidenta Bachelet implementó el programa "Quiero Mi Barrio" para recuperar los espacios públicos tomados por bandas, acordando las inversiones con las comunidades; y el Presidente Piñera desarrolló la "Iniciativa Legua", que combinaba acciones policiales con inversiones sociales y urbanas, como la apertura de pasajes.

En el segundo gobierno de Bachelet, el intendente Orrego crea planes integrales para cuatro barrios de alta complejidad. Logra reducir la violencia extrema de Parinacota en Quilicura y construye un centro cívico en Bajos de Mena, que recibirá un Metro anunciado por el Presidente Piñera en su segundo mandato, junto con nuevas líneas hacia La Pintana y La Granja, y un gran parque en Cerro Navia.

Estas grandes obras son positivas, ya que integran y visibilizan entornos segregados donde el narco llega con más facilidad. Pero no bastan. Junto con prohibir los funerales a balazos, el Ministerio del Interior debe reflotar el modelo de "Iniciativa Legua", con fuerzas de tarea similares a las de Alto Hospicio, y la Intendencia Metropolitana tiene que dar continuidad a los planes integrales con foco en La Pintana.

El tiempo de los diagnósticos terminó. Tampoco sirven soluciones para la galería como legalizar los pititos o sacar militares a la calle. El Estado debe tomar acciones decididas e intersectoriales para recuperar los territorios en manos de narcos y dar paz y esperanza a losmiles de chilenos que viven en esas zonasocupadas.