La suspensión del Sistema de Admisión Escolar (SAE) votada en la Cámara de Diputados durante la tramitación de la Ley de Presupuestos abrió, por fin, una ventana para modificar esta política pública. A pesar de sus varios años de implementación, y de problemas documentados, buena parte de sus impulsores se resistió tenazmente siquiera a discutir una modificación. Esa actitud inflexible es la que pareció cambiar, mediante la presentación de indicaciones del Ejecutivo a dos mociones parlamentarias en trámite.

Las modificaciones presentadas, sin embargo, no se orientan a modificar o flexibilizar el SAE, sino a fortalecerlo, tal como lo hizo la Mesa de Trabajo que se convocó para ello. Hay dos razones principales.

La primera es que la propuesta del Mineduc se acota, en lo fundamental, a mantener la selección académica como una situación estrictamente excepcional. Esa excepción, dicho sea de paso, ya existe, y solo cuatro colegios en Chile la usan. Esto es porque los criterios que deben cumplir los colegios para participar de su propia admisión son, en la práctica, imposibles de cumplir. Estaríamos legislando para cuatro colegios.

La segunda es que, como es el sello de esta administración, la educación estatal tiene privilegios. Un listado arbitrario de liceos públicos, denominados emblemáticos, y los Bicentenario estatales, pueden exceptuarse de uno de los duros criterios para seleccionar, la sobredemanda. También se les permite, transitoriamente, no cumplir con el requisito de ser de excelencia, es decir, tener buenos resultados académicos. En otras palabras, a liceos públicos de mal desempeño que no llenan sus vacantes se les da el privilegio de seleccionar cuando se le niega lo mismo a todo el resto. Algunos son más iguales que otros.

Modificar sustancialmente el SAE implica algo muy diferente. La selección no puede ser una excepción para algunos privilegiados elegidos a dedo, sino algo accesible a cualquier establecimiento que lo requiera para su proyecto educativo. Esta selección, que debe ser acotada (a un tercio de las vacantes, por ejemplo), se basa en la libertad de enseñanza, que le otorga al colegio el derecho de participar en quienes constituyen su comunidad. Esta selección debe cumplir la Constitución y las leyes (no puede ser arbitraria ni discriminatoria) y debe obedecer al proyecto educativo. El resto de las vacantes, la mayoría, puede ser asignada vía el SAE, para asegurar así la consideración del derecho a la educación. Esta propuesta, de forma gruesa, permite compatibilizar dos visiones sin que ninguna atropelle a otra, como ocurre con el sistema actual.

Las indicaciones presentadas, por el contrario, son cambios cosméticos. El gobierno es astuto en beneficiar a los liceos emblemáticos exclusivamente, y busca que la oposición caiga en la trampa de una ganancia marginal que les permita decir que es un avance para recuperar los liceos emblemáticos. Nada más lejos de la realidad. Los problemas de los emblemáticos, lo ha dicho el gobierno, son la tolerancia a la violencia como forma de expresión política, el discurso público iguala mérito con privilegio, y la mala administración municipal. Es de esperar que el Senado tenga la visión política que la Mesa convocada no tuvo, y abra un debate amplio sobre modificaciones sustantivas y amplias al sistema.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar