No es jurídico, es político



Por Maya Fernández, diputada del Partido Socialista

A pocas semanas de la realización del plebiscito constitucional, sectores de derecha que no quieren que Chile tenga una nueva Constitución nacida en democracia, han levantado un debate sobre la necesidad que exista una votación final de 2/3 sobre el conjunto del texto constitucional que elabore la Convención. Con ello pretenden introducir un obstáculo más al proceso constituyente, es una forma de bloquear y chantajear a las mayorías nacionales que quieren un cambio al orden neoliberal imperante.

Argumentan que esa votación final tiene por objeto entregar coherencia al texto constitucional. Eso no se sostiene, ya que no es posible convertir en coherente un texto por el mero hecho de votarlo. La coherencia del texto se construye a lo largo del debate, en el que cada artículo es sometido a una deliberación democrática.

Esta preocupación por la coherencia no es un asunto jurídico, sino político. Quieren hacer pasar por un asunto académico el conflicto político, el cual debe verse reflejado en el debate democrático entre los que pretendemos avanzar en transformar una Constitución nacida en dictadura, y que es pilar del modelo neoliberal, y aquellos que resistirán los cambios. Este es el fondo del asunto.

Aquellos que luchamos por elaborar una Constitución en democracia debemos oponernos a los intentos de entorpecer el proceso constituyente que llevan adelante sectores conservadores. Quieren instalar la idea de una Convención caótica, que elaborará un texto lleno de contradicciones e incoherencias. ¿Para qué quieren instalar esta idea? Para que esa minoría conservadora pueda aparecer como un garante de lo razonable, denostando el debate democrático; pretenden erguirse como una figura autoritaria paternal que coloca orden, se creen poseedores de la verdad de lo que Chile necesita. Pero eso cambió, el país sabe que los intereses que ellos defienden son los intereses de los que se coluden para estafar a las personas y depredan el medio ambiente para hacerse más ricos.

Tratando de vestir jurídicamente una vil operación de poder, quedan expuestos de la manera más sencilla: no está en la ley. La exigencia de que el texto constitucional deba ser votado al final del periodo de funcionamiento de la Convención no está en la Constitución. Necesitan estas operaciones en que una minoría bloquea el proceso democrático porque representan los intereses de los poderosos, que son minoría.

Argumentan que al no haber una segunda cámara revisora se hace necesaria la votación final. Eso no es así, ya que los artículos votados no están sujetos a los ritmos de la promulgación de una ley y también pueden ser votados en etapas finales del funcionamiento de la Convención por separado. El texto puede ser mejorado en cualquier momento del debate de la Convención.

La propuesta que busca obligar a votar el conjunto del texto constitucional al final del proceso tiene el efecto político que la minoría conservadora no quede expuesta ante la ciudadanía en la defensa de sus intereses, escondiéndose detrás del conjunto del texto para no mostrarse bloqueando las transformaciones en los debates particulares. Así, por ejemplo, podrían apoyar la desprivatización del agua en la discusión particular para no pagar el costo ante la ciudadanía de mantener su privatización, pero rechazar el texto final para esconder su rechazo particular. Esta falta de trasparencia es necesaria para su operación de bloquear el cambio constitucional, necesitan ser opacos ante la ciudadanía.

Una nueva Constitución debe surgir de un debate democrático en el que se logren acuerdos amplios de cara a la ciudadanía.

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