No más improvisación: avancemos hacia una política de teletrabajo en el Estado

Por Tomás Soto y Ximena Pizarro, investigadores del Centro de Sistemas Públicos, Ingeniería Industrial, U. de Chile

El trabajo remoto ha producido un antes y un después en la forma de concebir el trabajo. Ayudó, por ejemplo, a derribar el mito asociado a que los teletrabajadores no no hacen la pega. Y en pandemia apareció como una de las principales medidas para mantener el cuidado de los trabajadores, teletrabajadoras y sus familias en Chile, además de ser una alternativa para mantener el funcionamiento de muchas de las empresas del país (71% de las medianas y 90% de las grandes empresas, según Cepal en 2020). En el sector público, hasta un 65% de su fuerza laboral trabajó de manera remota, en tanto que hoy cerca del 25% de ellos se encuentra en esta situación. En el actual escenario es altamente probable que el trabajo remoto continúe durante un largo periodo.

Esto último es una preocupación para muchos funcionarios y funcionarias en el sector público, donde no existe claridad sobre cómo va a cambiar el contexto laboral después de la llegada del trabajo remoto en pandemia. Sobre todo pensando en que una modalidad formal de teletrabajo —como debe ser— es muy diferente a lo que hemos vivido en la crisis sanitaria, donde se ha improvisado sobre la marcha sin muchos conocimientos ni la correcta preparación. Un teletrabajo bien definido incluye un programa formal, meses de preparación, un desarrollo digital previo, con políticas de bienestar desarrolladas, con la inclusión de las asociaciones de funcionarios en toma de decisiones y con cuidados tanto personales como organizacionales.

Los trabajos que, como Centro de Sistemas Públicos, hemos realizado en la materia desde el 2017 y otros estudios nacionales e internacionales muestran que el teletrabajo se valora por reducir tiempos de desplazamiento, aumentar la autonomía para organizar los tiempos, mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, la satisfacción laboral y muchos beneficios más. Sin embargo, también la literatura muestra que el teletrabajo también conlleva riesgos como el aislamiento profesional, estrés, extensión de la jornada laboral y exacerbación de los estereotipos de género, entre otros.

Es por esto que hoy resulta más importante que nunca pensar una política pública de teletrabajo en el Estado, que actúe como un marco institucional amplio, teniendo a la ciudadanía, a las teletrabajadoras y trabajadores, y la continuidad del servicio público en el centro de su diseño. En ella se debe describir la gobernanza (instituciones participantes, roles, responsabilidades, relaciones entre sí); identificar las condiciones habilitantes previas sin las que no es posible que una organización piense en el teletrabajo; considerar las condiciones de implementación que facilitarán la tarea de los directivos públicos, y por último, incluir una estructura de soporte, que permita a los servicios públicos tener apoyo mientras realizan la introducción de esta modalidad laboral.

Es urgente avanzar en la agenda de esta política pública. Debemos aprovechar este momento para adaptarnos a los nuevos paradigmas, de manera progresiva, que favorezcan la continuidad de esta modalidad laboral. El teletrabajo debe estar soportado en principios básicos como la igualdad de condiciones con el trabajo presencial, la protección horaria, el derecho a la desconexión, la formación, el respeto a los derechos colectivos, la seguridad laboral y la salud, entre muchos otros.

Una buena política pública de teletrabajo —que esté a la altura de estos desafíos— no solo dará más seguridad a las organizaciones y a sus trabajadores(as), sino que también nos hará avanzar en un mejor servicio para la ciudadanía.