SEÑOR DIRECTOR

El pasado 6 de enero, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de Nuevo Código Penal, que reemplaza el actual, vigente desde 1875. Este hito se basa en el trabajo realizado por una comisión convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 2018, integrada por destacados académicos, que consistió en una síntesis de comisiones codificadoras de 2013 y de 2015 y cuyos primeros antecedentes datan incluso del 2005 cuando el Presidente Lagos recibió la propuesta del “foro penal”, que entregó el primer anteproyecto luego de tres años de trabajo.

Posterior a la recepción del trabajo, en octubre de 2018, el texto fue sometido a consideración de cada una de las escuelas y facultades de Derecho del país. También revisamos con todos los ministerios el impacto de la propuesta en las regulaciones sectoriales. Se trata, por lo tanto, de un profundo trabajo técnico en múltiples instancias que debiese seguir ahora en el seno de la discusión legislativa.

El resultado del proceso corresponde a un Código moderno, que acoge nuevos fenómenos delictivos (ciberdelincuencia, acoso digital, delitos medioambientales), y entrega nuevas herramientas para reaccionar frente a los delitos, agregando a la pena de cárcel las penas de reclusión, libertad restringida y servicios comunitarios. Y también se considera la multa, especialmente en aquellos delitos donde subyace una motivación económica, como en los denominados delitos de “cuello y corbata”. También se establecen nuevas herramientas contra la delincuencia organizada, mediante una ampliación del comiso.

Y si bien son innumerables los cambios y avances, como por ejemplo ampliar las personas jurídicas responsables penalmente, como universidades estatales y partidos políticos, lo más relevante es un nuevo sistema de penas, que reemplaza al actual, establecido en forma opaca a la ciudadanía (presidios mayores o menores), donde ahora la pena se establece en años concretos, evitando además que la concurrencia de atenuantes (irreprochable conducta anterior) permita optar a penas sustancialmente menores a las establecidas originariamente en la Ley.

Nos asiste la convicción de poner a disposición del debate legislativo un texto que pone a nuestra regulación a la par de la moderna doctrina penal. Esperamos que sea el comienzo de un profundo proceso que nos lleve a superar nuestra regulación decimonónica.

Hernán Larraín Fernández

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Sebastián Valenzuela Agüero

Subsecretario de Justicia