Nuevos derechos para una nueva Constitución

Por Alejandra Zúñiga-Fajuri, Escuela de Derecho. Universidad de Valparaíso. Miembro de la RED IBU-Chile

La evolución en el reconocimiento de los derechos está profundamente ligada a la realidad, al momento histórico en el que surgen, y el derecho fundamental a la existencia o, si se quiere, al mínimo vital, por medio de un Ingreso Básico Universal (IBU), está hoy más justificado que nunca. La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, que votará durante la semana estas propuestas, tiene la oportunidad de permitir que el Pleno discuta seriamente su incorporación y reconocimiento en la nueva Constitución. Para ello, debe aprobar alguna de las propuestas presentada por más de 40 convencionales, a objeto de garantizar a todas las chilenas y chilenos, de manera incondicional, una suma modesta de dinero que complemente sus ingresos y les permita enfrentar dignamente la adversidad.

Al reconocer, en la nueva Constitución, el derecho al mínimo vital por medio de un IBU, se alcanzarían varios objetivos. Primero, contrarrestar las pérdidas de empleo por la automatización. En efecto, el Chile del futuro se enfrentará, inevitablemente, al aumento drástico de las tasas de desempleo debido a la automatización generada por la Inteligencia Artificial (IA), proceso que se fue acelerando por la pandemia. Es clave comprender que esto no atañe en absoluto solo a los trabajos manuales o de salario bajo, o a los empleos y tareas llevados a cabo por gente con bajo nivel educativo. Hay mucha evidencia que indica que estas nuevas tecnologías podrán reemplazar el trabajo de contables, analistas financieros, periodistas, abogados, radiólogos, etc.

El desempleo, las bajas salariales y una creciente desigualdad mantendrán un alto nivel de estrés en el tejido social, a menos que se tomen medidas que permitan cambiar drásticamente los principios morales que dan fundamento a nuestro pacto social. Y la reforma más importante, en esta línea, es aquella que comprende que es fundamental disociar de una vez los ingresos del trabajo tradicional. Construir una Constitución que reconozca que cada ciudadano tiene derecho a la existencia, es decir, a un piso mínimo de seguridad, sin testeos burocráticos de merecimiento, es un paso ineludible y una añorada demanda ciudadana.

Otro objetivo muy importante -que una Constitución redactada por un órgano paritario no puede perder olvidar- es el reconocimiento de las otras formas de trabajo que, invisibles todavía para el mercado, constituyen las bases del bienestar social: el trabajo doméstico y de cuidado. Durante demasiado tiempo la pregunta sobre quién cuida de las cuidadoras ha quedado en el olvido y cuidar ha sido sinónimo de desprotección y precariedad. Vivimos en un mundo laboral pensado para personas que no cuidan y la sociedad ha asumido que el cuidado de niños, enfermos y ancianos puede ser absorbido “sin costo” por las mujeres, quienes subsidian así a la economía remunerada. La pandemia reveló la verdadera escala de esta distorsión y la necesidad urgente de promover un cambio.

La propuesta de “IBU con perspectiva de género” que votará la Comisión de Derechos Fundamentales podría ser la primera oportunidad real en la historia para reconocer el trabajo de cuidado que realizan millones de chilenas gratuitamente, pues garantiza que el ingreso básico de las personas sujetas al cuidado de otros pueda ser “administrado” por quien los cuida, constituyéndose en una recompensa económica indirecta para quienes asumen esa responsabilidad y mejorando los incentivos para subvertir los roles de género. Porque no basta con permitir a las mujeres delegar las tareas de cuidado en otros, aquellas que quieren cuidar, que optan libremente por realizar esas tareas, deben ser remuneradas y reconocidas como lo que son: trabajadoras que contribuyen al crecimiento del país.