Ojo con el currículum

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Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar

El ministro de Educación ha anunciado su intención de extender la priorización curricular por tres años más (ya lleva dos aplicándose) con la idea de luego implementar una reforma curricular. Esta medida tiene inconvenientes importantes.

El currículum define el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que todo estudiante logra al final de cada año escolar. Opera como un instrumento central del aseguramiento de la calidad, al fijar un marco común de aprendizajes que se espera que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de aprender, sin importar el tipo de establecimiento al que asistan. Es una parte importante del rol igualador de la institución escolar: al ser todos expuestos al mismo corpus de cultura, se nos da la oportunidad de compartir una identidad y un saber común, más allá de lo que nuestras familias nos transmitan. Ese es uno de los roles del Currículum Nacional.

La priorización curricular se diseñó a principios de la pandemia, con el objetivo de responder a la dificultad de implementar el currículum completo en las difíciles condiciones de clases remotas que recién empezaban a ponerse en marcha en algunos establecimientos. El Currículum Nacional está diseñado, a falta de una expresión mejor, para condiciones de “normalidad”, y resultó necesario flexibilizarlo dada la disrupción que implicó la suspensión de clases presenciales, autorizando a las escuelas a impartir una selección de conocimientos, habilidades y actitudes en lugar del total. Este proceso fue supervigilado por el Consejo Nacional de Educación, y luego de ser evaluado positivamente en 2020 y 2021, se extendió al 2022 también.

Esta medida fue necesaria en un contexto extremo, pero sus consecuencias no deben ser tomadas a la ligera. Muchas escuelas optaron por adherirse al currículum priorizado, en otras palabras, decidieron enseñar “menos”, o con menor profundidad, o dedicando menos tiempo, que en condiciones normales. Esto implica necesariamente reducir las oportunidades de aprender de esos niños. Algunas escuelas tomaron una opción intermedia, por lo que las oportunidades que se perdieron fueron menos. Y otras, aplicaron la priorización solo por algunos meses, y luego volvieron al currículum completo. Si bien no hay datos, es conocido el hecho que fueron las escuelas que atienden niños más vulnerables las que decidieron priorizar, mientras que las de más recursos mantuvieron el estándar.

Esta desigualdad no es nueva (algunos estudios antiguos de cobertura curricular muestran que los colegios más vulnerables cubren sistemáticamente menos aprendizajes), pero mantener en el tiempo la priorización, pasada la parte más grave de la crisis, implica institucionalizar la desigualdad. En otras palabras, el Ministerio de Educación está validando, por tres años más, que algunos tengan más oportunidades de aprender que otros, usando el aparato burocrático para darle respaldo. La perspectiva de tener un currículum para ricos y otro para pobres se asoma detrás de esta medida.

Con esto en mente, el Ministerio debiera reconsiderar la medida y discutirla con el Consejo Nacional de Educación. Con el sistema mayoritariamente presencial, la priorización pierde su principal justificación. La idea del ministro, entonces, empieza a parecerse a la de algunos de sus antecesores: usar la institucionalidad para “bajar de los patines”, nivelar para abajo, bajar las expectativas de los alumnos menos privilegiados, solo para satisfacer una vez más las agendas gremiales (como mantener los colegios cerrados dos años, eliminar el Simce o suspender la evaluación docente). Quizás no sea popular, pero mantener el rigor y la exigencia de la institución escolar, y asegurar su rol igualador, parecen ser objetivos que vale la pena sostener.

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