Que las prioridades de la gente sean el coronavirus y los impactos en su vida cotidiana, es una obviedad. Pero no es la única amenaza para la ciudadanía. Es virtud de los liderazgos lúcidos no menospreciarlas y enfrentarlas. La debilidad mayor en la lucha contra el coronavirus no fue del sistema de salud público, que anticipó la pandemia y tomó medidas que han impedido colapsos. Fue de los responsables de advertir y remediar las necesidades de protección económica de la población. Si esos $100.000 per cápita mensual acordados en el Plan de Emergencia hubieran llegado a los más vulnerables hace unos meses, otra habría sido su disposición a la cuarentena y al confinamiento. Pero el gobierno “goteaba” medidas, condicionado por ese póker opositor pidiendo “lo tuyo y diez más”. Así las cosas, se entrabó y demoró la respuesta económica a una crisis nacional inédita. El equipo transversal de economistas no solo jugó un rol técnico con sus propuestas, sino también de valioso puente político. Lo clave ahora es que esos $100.000 mensuales, lleguen oportunamente a todos los que deben llegar. Y también, que no se socave el Plan de Emergencia con nuevos colgajos.

Pero esta urgencia no hace intrascendente la degradación institucional que vivimos. Menos cuando es practicada por miembros de las oligarquías políticas. La presidenta del Senado se permitió sentar el criterio que su personal opinión sobre la importancia de un proyecto estaba por encima de la Constitución. Esta violación a sabiendas de la Constitución la vienen practicando y justificando sistemáticamente otros parlamentarios, de oposición y gobierno. No es novedad. Además de los antisistema, quienes suelen rebelarse contra las restricciones constitucionales son los oligarcas acostumbrados a hacer su voluntad. Es a ellos que constituciones y leyes regulan su poder, para que no impere la ley de la selva.

Esta difundida actitud oligárquica en nuestra política, va corriendo límites. En los últimos días, hay políticos que declaran “fenecida” la Constitución y otros, que autoridades elegidas democráticamente no están capacitadas para ejercer sus cargos. Por si faltara algo, la semana pasada Héctor Llaitul, vocero de la CAM declaró: “Si hay una ofensiva de parte de los militares…va a haber una respuesta organizada y militar…Hoy contamos con capacidad militar para la defensa de lo recuperado y para seguir avanzando.”

Puede argüirse que admitir a trámite un proyecto inconstitucional de postnatal, no tiene que ver con una desafiante provocación al estado de derecho y a las FF.AA., pero se equivocan. Es el clima de degradación del estado de derecho el que va transfiriendo derechos desde la ciudadanía hacia oligarquías políticas, económicas y al parecer, también militares.

Cuidado. Chile ya conoció procesos de degradación del estado de derecho. Costaron y duraron más que un coronavirus.