Paupérrima institucionalidad del gobierno digital

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Por Alejandro Barros, Mario Waissbluth y Carlos Castro, Centro de Sistemas Públicos (CSP), Ingeniería Industrial, Universidad de Chile

Nos enteramos por la prensa que el que debiese ser el ente rector del desarrollo digital de nuestro Estado, la división de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, quedó nuevamente acéfala.

La fragilidad institucional de este tema crítico ha quedado otra vez en evidencia, entre otras cosas, por cuanto hemos tenido 9 personas en este cargo en los últimos 10 años. Por contraste, Uruguay, que lleva la delantera en este ámbito en América Latina, ha tenido solo un director en el mismo período.

Alguien podría pensar que este es un tema meramente tecnocrático, de escaso interés público. Para nada. Sin ir más lejos, nuestras falencias durante la pandemia por este motivo han sido diversas y han afectado a millones de ciudadanos: a) la Comisaría Virtual, mecanismo universal para la gestión de permisos en emergencia, se ha caído en varias oportunidades e incluso hay una investigación en curso de Contraloría por la entrega de salvoconductos a personas contagiadas con Covid-19; b) en la crucial Corona App, la aplicación para controlar la trazabilidad, no se inscribió nadie; c) la Clave Única, con enrolamiento no presencial, no ha funcionado adecuadamente; d) al escribir esta columna, el sitio web del SII, como medio para canalizar beneficios, estuvo caído intermitentemente durante tres días.

En suma, el gobierno no ha dado abasto ni ha estado a la altura en materia tecnológica para responder a esta pandemia, aunque las deficiencias venían ya de mucho antes. Basta recordar diversas licitaciones informáticas fraudulentas, la desintegración de sistemas entre diversas instituciones, la incomprensible ausencia de la firma electrónica, el precario y desintegrado soporte del sistema público de salud, múltiples proyectos tecnológicos que no cumplen su promesa original y un largo etcétera.

Si queremos tener un Estado con mejores servicios para los ciudadanos, eliminando trámites inútiles y reduciendo la cantidad de papeles que se les piden, su modernización ya es inconcebible sin un aporte sustantivo de las tecnologías de información para su implementación.

Contar con una institucionalidad de desarrollo digital acorde con los tiempos que corren, que verdaderamente lidere y acompañe el proceso, es un tema sin resolver. Hoy tenemos una División al interior de un ministerio en el cual la agenda política es lo primero, lo segundo y lo tercero. ¿Cuánto tiempo le pueden dedicar el ministro y el subsecretario de la Segpres al desarrollo digital del Estado?

Analizando las buenas prácticas en otras latitudes, encontramos las de Reino Unido, con su prestigiosa agencia GDS (Government Digital Service); Australia, con su DTA (Digital Transformation Agency), o más cerca Uruguay, con su AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento), reconocida por organismos multilaterales y que ha llevado a su país desde lugares secundarios en los indicadores -como el de Naciones Unidas- a liderarlo en sus últimas tres versiones, con el primer lugar de América Latina y en la posición 26 a nivel mundial, en circunstancias que hace 10 años estaba en el lugar 50. Durante el mismo periodo, nuestro país ha ido consistentemente a la baja, desde la posición 22, en 2005, hasta la posición 34, donde actualmente nos encontramos. Los errores y las omisiones se pagan.

Si bien se pone este tema en los discursos, no se lo ha tomado en serio, y esto se expresa en varias cosas:

i)  No existe una arquitectura institucional sólida y estable, que lleve implícita una visión de largo plazo, así como mayores niveles de autonomía respecto a los ciclos políticos.

ii)  Alta rotación del director(a) de Gobierno Digital.

iii) No hay un mecanismo de selección del equipo directivo por ADP.

iv) Un magro presupuesto anual de 3.3 millones de dólares (0,004% del presupuesto público, algo insólito). En el caso de Uruguay, el presupuesto es nueve veces mayor -en términos absolutos- y representa el 0,23% del presupuesto público.

En el año 2015, el Ministerio de Hacienda encargó dos estudios de alto nivel, con participación de la OCDE, para analizar el modelo de gobernanza digital. Algunas de sus recomendaciones fueron: i) dotar de mayor estabilidad institucional al órgano rector del desarrollo digital, ii) establecer un presupuesto acorde con el mandato, más aún ahora que se debe implementar la ley de transformación digital y iii) nombrar a su equipo directivo a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Los firmantes de esta columna agregamos la necesidad de elevar sustantivamente su nivel político y de políticas públicas, designando para este nuevo servicio público un consejo directivo integrado por autoridades transversales del gobierno y expertos en el tema. La ley para formalizar estas recomendaciones no tendría más de tres páginas de extensión.

¿Cuántos períodos presidenciales más deberán esperar los ciudadanos para que el Estado les preste los servicios digitales que merecen?

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