Por María José López, directora ejecutiva de Fundación ConTrabajo
Hace unos, días el gobierno anunció la inclusión de las personas con discapacidad como grupo prioritario en el plan de subsidio al empleo, decisión que no solo aplaudimos, sino que queremos destacar como un cambio cultural clave para nuestra política pública.
Se trata de la iniciativa gubernamental de mayor impacto enfocada en el empleo, cuya finalidad es recuperar un millón de trabajos, impulsando la contratación y la reincorporación de trabajadores con contrato suspendido. De ahí la importancia de que las personas con discapacidad estén priorizadas desde el inicio.
Se trata de la primera medida que beneficia directamente a las personas con discapacidad desde octubre de 2019, cuando el estallido social primero, y la pandemia después, han frenado el ritmo de contratación según la ley de inclusión y provocado la pérdida de más del 45% de los empleos de personas con discapacidad, que hoy son un quinto de la población total del país.
Para que este incentivo sea efectivo, es fundamental que sea apalancado con otras medidas de disminución de brechas, pues en Chile la mitad de la población con discapacidad, es decir, 1 millón 400 mil personas, pertenece a los dos quintiles más pobres de Chile (ENDISC, 2015). Por este motivo es necesario fomentar campañas de comunicación e información relativas al empleo y a los derechos y deberes de los trabajadores, de forma accesible para todos y todas en la mayor variedad de formatos posibles como lectura fácil, lengua de señas y braille, entre otros.
Al ratificar en 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Chile se comprometió a “promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad”. Sin embargo, nuestro país todavía tiene pendiente crear políticas comunicacionales sólidas dirigidas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
La ley de inclusión laboral, puesta en marcha en abril de 2018, abrió alrededor de 58 mil plazas laborales, de las cuales cerca de 40 mil están aún vacantes, de acuerdo a cifras del Informe de Evolución de la Ley 21.015, elaborado por Fundación ConTrabajo.
Para hacer efectiva esta ley, así como el impulso del Plan de Subsidio al Empleo, es urgente una mejor articulación y cooperación entre el Estado, organizaciones de la sociedad civil, empresas y personas con discapacidad que, con una visión común y medidas efectivas, avancen a paso decidido en lograr el 1% de contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo regular.
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