En 2007, el influyente informe McKinsey concluyó que el techo del desempeño de un sistema escolar es la calidad de sus profesores. Alcanzarla exige tres condiciones mutuamente dependientes: atraer talento a la profesión, brindar sólida formación universitaria y asegurar condiciones laborales y de desarrollo profesional de primer nivel. En Chile, esa visión inspiró la Ley 20.903 de 2016, considerada la primera política con mirada sistémica sobre la docencia.

Una década después, la atracción de talento seguía sin despegar. Cambios en la prueba de admisión universitaria, postergaciones y una gradualidad débil han impedido los resultados proyectados e introducido una prolongada incertidumbre en las instituciones formadoras. Hace unas semanas, la Comisión de Educación del Senado modificó en su médula el proyecto de ley presentado por el gobierno sobre el acceso a las pedagogías, que dado su carácter había obligado a una larga discusión y negociación durante 2025, al punto de poner en riesgo el proceso de admisión 2026. La aprobación unánime de la Comisión y luego del Senado hace presagiar su eventual despacho final. En su esencia, se mantiene el percentil 60 original como umbral de exigencia para estudiar pedagogía, con una progresión de cinco años, sin consideración regional y con un piso inicial en 2026 del percentil 33.

De no aprobarse, las proyecciones preocupaban: una debacle sin precedentes en universidades estatales regionales o privadas menos selectivas pues el DEMRE debía aplicar el 2026 el percentil 60 estipulado en la ley de 2016. El tiempo se agotaba pero se requería legislar sin sacrificar la calidad docente futura, manteniendo las medidas de atracción consensuadas década atrás. Sin embargo, de cara al futuro inmediato, el resultado del proyecto de ley arroja importantes desafíos para el nuevo gobierno que el proyecto sencillamente ignoró. Entre las más importantes, está el reimpulso y financiamiento del Programa de Atracción de Talento Pedagógico como vía de ingreso inclusivo para grupos sociales postergados que aspiran a estudiar pedagogía, así como los programas de prosecución de estudios que equilibren oportunidades al talento, vocaciones y formación pedagógica sólida.

Y más allá de las políticas de acceso, el nuevo gobierno cuenta con una oportunidad de oro en la profesión docente para impactar en el aula y los aprendizajes en lugar de aspectos institucionales de la educación, como se ha acostumbrado a esgrimir. Nunca será suficiente insistir en la centralidad de los profesores para el bienestar y justicia de las sociedades. Son ellos quienes educan diariamente a 3,7 millones de niñas, niños y adolescentes, formando habilidades que dibujan la fisonomía de las futuras generaciones. Chile ha avanzado en políticas docentes en sus tres pilares mencionados pero con resultados mixtos. En condiciones laborales, como recién reporta el informe Education at a Glance (OECD, 2025), los salarios crecieron un 27,6% en la última década, muy por encima del crecimiento promedio OCDE, sin embargo, aún están un 25% por debajo de los profesionales universitarios de otras áreas, siendo esa brecha mucho menor en países OCDE. En formación, se han establecido estándares de calidad y acreditación obligatoria, pero persisten problemas de financiamiento en áreas como la formación práctica de los futuros docentes, con estancamiento en los aranceles regulados, y heterogeneidad en la calidad de la formación inicial. En desarrollo profesional, hay un marco institucional sólido pero problemas de implementación en las horas no lectivas y mentorías a docentes noveles. Y en la atracción de talento a las pedagogías, aunque ahora se establece una ruta institucional clara sobre el acceso, su materialización ha sido accidentada, requiriéndose ahora políticas de apoyo y la agencia decidida de las universidades formadoras para adaptarse y mejorar su calidad.

Como aprendizaje, es fundamental que la mejora de la profesión docente considere la evidencia, la experiencia global y el interés superior de los estudiantes. Chile se ha destacado en políticas docentes en la región, pero un principio de justicia elemental exige que cada estudiante del país cuente con un docente del más alto nivel profesional. Ese objetivo aún persiste.

Por Alejandro Carrasco, decano Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile