Quien ha viajado por Chile este verano visitando ciudades y pueblos habrá advertido que supermercados, farmacias, iglesias, oficinas públicas, consultorios y muchos otros locales protegen sus ventanas y puertas con gruesas y feas láminas de latón. Sea porque sufrieron el vandalismo post 18 de octubre o se salvaron de los ataques y se protegen de la amenaza futura, lo cierto es que es inevitable para el veraneante la pregunta de cómo hemos llegado a este ambiente cargado de intolerancia y fanatismo. ¿Son acciones aisladas y espontáneas de grupúsculos que persiguen generar espanto y caos o hay una organización detrás que se trazó como objetivo desestabilizar al gobierno y poner en jaque a nuestra democracia? Es posible que algo de ambas situaciones esté presente. Lo concreto es que hay miedo. Hay temor porque la sensación es que en marzo resurgirá el ritmo de violencia de fines del 2019.

Con todo, más allá de esta rudeza nihilista y corrupta que siembra el terror, es evidente que estamos frente a una crisis institucional y es ineludible repensar los paradigmas de la política, la economía y el rol del Estado. ¿Lo logra una nueva Constitución? Como estrategia para bajar la tensión, para mostrar voluntad política de buscar acuerdos, la respuesta es sí; es lo único a lo cual echar mano y que puede convocar a la sensatez tras un propósito común: repensar el Chile del futuro. Eso incluye a quienes votarán apruebo y a quienes, legítimamente, optarán por el rechazo, porque están por los cambios, pero se niegan a reescribir desde cero una Carta tan fundamental en un clima de polarización y fuerza bruta.

Pero ni unos ni otros deben pecar de ingenuos ni hacer creer a los chilenos que una nueva Carta Magna será la llave maestra para abrir las puertas por donde pasará el nuevo Chile. Hay, al menos, dos razones poderosas para ser cautos. Desde luego, porque casi todos los cambios de la llamada agenda social, que es lo que realmente importa al chileno o chilena de a pie, que hace cola en los consultorios, que recibe una pensión de vejez miserable o su hijo quedó fuera de la universidad por la mala calidad de la educación escolar, se han podido hacer en sede legislativa o desde el gobierno de turno. No culpemos a la Constitución vigente por la incapacidad de tantos políticos de haber hecho algo más que dedicar su tiempo con voracidad a mantener o recuperar el poder, en lugar de legislar o gobernar pensando en la gente. Y, lo segundo, porque no se puede escribir una nueva Constitución que permita reemprender la marcha por la senda del progreso y bienestar sin orden público, hoy severamente amenazado, no solo por los grupos de vándalos, sino por la complicidad de variados intelectuales que pregonan irresponsablemente algo así como “un poco de violencia es conveniente, porque impide anestesiar las mentes y fuerza a provocar los cambios”.

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