Lograr la descentralización de nuestro país ha sido una demanda de largo aliento de parte de muchos de nosotros, ya que vemos en ella uno de los elementos fundamentales para la construcción de una real y efectiva democracia. Esta misma premisa fue lo que motivó a la Presidenta Michelle Bachelet para convocar -en su segundo mandato- el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, que entregó su informe final en octubre de 2014. En la ocasión, la Mandataria afirmó: "Si de verdad queremos avanzar hacia un Estado descentralizado, debemos asegurar que nuestra Constitución Política vele por este propósito".

La descentralización la podemos entender como la transferencia de competencias desde un ente central a diversas unidades en el territorio. Claramente, cuenta con elementos muy disímiles, entre los que destacan el político, financiero y administrativo. En esta ocasión nos focalizaremos en el de tipo político; es decir, el traspaso de poder a una entidad subnacional, escogida democráticamente, a través de una elección.

En este contexto, y entendiendo que la descentralización es una exigencia nacional, la elección de gobernadores regionales se debe realizar este año. Es hora de entender que Santiago no es Chile. Las regiones quieren (y necesitan) atribuciones -como la regulación de rentas regionales-. Y es responsabilidad del Presidente Sebastián Piñera garantizar que se cumpla la ley que permitirá acercar las decisiones, el poder y los recursos a las diversas comunas de todas las regiones, más aún cuando vemos que los intendentes siguen siendo reos del dominio central.

El eje de la propuesta de regionalización es construir una comunidad política regional que elija un gobierno con atribuciones básicas y con un incremento gradual de competencias en materia de desarrollo, agregado a porcentajes de impuestos sobre ciertos recursos regionales. Su esencia nace de la sólida convicción de que este centralismo estaba ahogando el desarrollo del país.

En consecuencia, la aprobación de la ley permitió crear un escenario positivo para las regiones, donde se reconoce su autonomía, y constituye un importante punto de partida para un gobierno subnacional.

El gobierno tiene que ser claro en señalar si quiere o no más descentralización, si quiere o no poder para las regiones, y si ejecutará la elección democrática de gobernadores. Algunos sectores dicen que "no existen las condiciones"; de ser así, ¿deberíamos también suspender las elecciones de alcaldes y concejales? Siempre habrá excusas para no dar más poder a las regiones y la historia nos da claros ejemplos de ello.

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera no está comprometido con la regionalización. Hoy, se "usa" el proceso constituyente para justificar la no realización de las elecciones. Técnicamente, el gobierno tiene todo para hacer cumplir la ley y, si de verdad lo quisiera, ya habría puesto urgencia en el debate, cosa que no ha hecho, tal como lo saben cada uno de los integrantes de la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

La desconcentración del poder es algo que Chile ha salido a exigir. Profundizar la democracia es una demanda que surge con mayor fuerza desde los sucesos ocurridos el pasado 18 de octubre.

La elección de gobernadores regionales es una oportunidad única de recoger esa demanda y hacerla efectiva. No hay tiempo, ni cabida, para excusas en este sentido.