Promesas y peligros de una "PSU de escritura"

Esta semana el Consejo de Rectores (CRUCh) aprobó la implementación de una prueba de escritura como parte del nuevo Sistema Único de Admisión a las universidades. La prueba tendría un carácter habilitante, es decir, no sería parte del puntaje de selección y permitiría a las instituciones contar con información sobre las habilidades de sus estudiantes. Esta medida, sin dudas, significa excelentes noticias para la enseñanza de la escritura; sin embargo, son necesarias algunas precauciones para evitar que una medición de esta naturaleza termine acentuando el sesgo socioeconómico del que ya adolece la cuestionada PSU.

La preocupación de muchos probablemente sea la imposibilidad de medir objetivamente la escritura. Esto es fácil de despejar: hoy en Chile existen pruebas estandarizadas de escritura en sexto año básico para toda la población estudiantil (SIMCE), así como también para una muestra de estudiantes de tercero y sexto (estudio latinoamericano ERCE, de UNESCO). El desarrollo actual permite suponer que se puede implementar un proceso responsable, en especial si se considera que la prueba se tomaría tempranamente en cuarto medio para dejar tiempo a su revisión.

En principio, esta medida tendría múltiples beneficios. La escritura es el principal vehículo por el que los estudiantes aprenden y demuestran su aprendizaje en la educación superior, por tanto, conocer el nivel de entrada de los alumnos permitiría a las instituciones terciarias fortalecer las habilidades de escritura avanzadas, lo que redundaría tanto en una mayor calidad educativa como en mejores tasas de persistencia y titulación. También permitiría tematizar la importancia de estas habilidades en la formación técnica superior.

Un efecto indeseado de las evaluaciones es que moldean el currículum oculto de la escuela. Actualmente, gracias al formato de la PSU se practica intensamente la respuesta de preguntas cerradas en desmedro de crear oportunidades para enseñar y practicar escritura. Por el contrario, la instalación de una prueba abierta podría revitalizar la escritura en la escuela media, tal como la mera existencia del SIMCE en sexto básico ha significado en la práctica un nuevo impulso a la enseñanza y la investigación de la escritura en Enseñanza Básica. En síntesis: una buena evaluación directa de la escritura podría dar una excelente señal al sistema a lo largo de diversos niveles educativos.

Pero esta es también la principal piedra de tope: una buena evaluación de escritura debe también ser una evaluación justa.  Esto implica, en primer lugar, presentar ampliamente toda la información acerca de tareas y criterios de evaluación a todos los actores del sistema: liceos, profesores, administradores, IES, para orientar de la manera más transparente posible su enseñanza. En segundo lugar, la prueba debe proponer situaciones comunicativas que ameriten el uso de la escritura y no preguntas descontextualizadas. En tercer lugar, debe solicitar textos conocidos y temas sobre los que los jóvenes sepan lo suficiente independientemente de la experiencia escolar, para que cuenten con recursos de escritura, se sientan competentes y puedan contestar en la mayor igualdad de condiciones posible. Esto implica evitar textos extremadamente académicos (como el ensayo, común en educación superior) ya que estos sí representarían un gran sesgo socioeconómico, influenciable por el capital cultural de la familia: una joven con padres universitarios tendría más posibilidades de escribirlo bien que un joven universitario de primera generación. En cuarto lugar, la prueba debe puntuarse con criterios bien informados por la teoría actual, valorando más las habilidades de "alto nivel" (por ejemplo, adecuarse a una audiencia) que las de "bajo nivel", pero que se reconocen más, como la ortografía.

Para celebrar a cabalidad esta excelente iniciativa del CRUCh, que representa un salto de calidad en la información con la que contaremos para educar en el nivel superior, y además envía un mensaje potente al sistema escolar, es necesario salvaguardar la calidad de la propuesta. El principal riesgo a evitar es, una vez más, reproducir la desigualdad en la admisión universitaria.