Con toda claridad debemos sostener que una democracia sustentada en cimientos valóricos, y no solo procedimentales, debe abordar el fenómeno migratorio desde una mirada amparada en la protección de la dignidad de la persona, tanto de inmigrantes como de connacionales.

Nada genera más incertidumbre y desazón en los inmigrantes y entre los ciudadanos que las políticas indefinidas y las vocerías desconcertantes que, por un lado, bregan por los derechos de los inmigrantes sin importar si su ingreso fue formal o irregular, pero, por otro lado, no hacen ajustes necesarios en materia de políticas públicas en educación, vivienda, salud, empleo y las demás necesidades de las personas que ingresan al país. Con dicha actitud la ciudadanía percibe a los inmigrantes como una amenaza, abriendo un conflicto social por causa de la irresponsabilidad de los gobernantes.

En este sentido, debemos ser capaces de establecer normas claras respecto de los derechos y obligaciones de los inmigrantes, siendo categóricos en el desincentivo al ingreso irregular. Cuando el mensaje de las autoridades es confuso y la legislación laxa, se amplifica el efecto de llamado a la inmigración descontrolada e irregular.

Chile requiere propuestas concretas que apunten hacia las causas de las migraciones a nivel regional y vecinal, lo que debiese permitir acciones coordinadas con otros Estados latinoamericanos que vayan más allá de la sola reconducción. Además, es perentorio establecer una política nítida respecto de la forma de inmigrar al país, lo que requiere una regulación efectiva para inhibir -por medio de sanciones- la inmigración irregular.

En consecuencia, el país demanda una estrategia coherente que, por un lado, convoque a personas que aporten al progreso, desarrollo, riqueza y diversidad cultural de la nación y, por otro lado, contenga una definición clara que apunte hacia el desincentivo de la inmigración irregular al territorio nacional.

La ciudadanía exhausta del desorden y la improvisación respecto a la política migratoria, la que ha hecho evidente los efectos dañinos para la convivencia social, debe ser escuchada por parte de quienes asuman la próxima administración del gobierno. En ese sentido, el esfuerzo del Estado y la sociedad civil que se interesa por el devenir de las personas que buscan un mejor futuro para ellos y sus familias, deben mantener el espíritu de acogida, pero a la vez exigir la responsabilidad -sin complejos- a los inmigrantes respecto a las obligaciones que trae consigo la residencia en nuestro país.

Es tiempo de presentar respuestas ante los efectos perniciosos que trae consigo la inmigración intensa, descontrolada, desregulada e insegura. De otro modo, muy posiblemente deterioraremos la calidad de la democracia y daremos paso a los populismos que están ganando terreno en el sistema internacional a través de propuestas que separan a hijos de sus padres, entre otras medidas que en los hechos van erosionando la razón de ser —política y jurídica— de las democracias y el Estado de Derecho.

Por Jaime Abedrapo, Director del Centro de Derecho Público y Sociedad USS