Por Enrique García, abogado

En los últimos días, un importante personero de la centroderecha ha instalado en la prensa que la mejor estrategia que puede tener el sector para enfrentar el plebiscito de octubre es sumarse al apruebo, bajo el supuesto de que si una mayoría importante de chilenos opta por una nueva Constitución, el triunfo del referéndum no se lo podrá adjudicar la izquierda, ya que será un triunfo del país, y que lo importante para el conglomerado es enfocar los esfuerzos en la convención que discutirá y redactará la nueva Carta Fundamental.

Al mismo tiempo, otros connotados dirigentes del sector también han planteado su respaldo a la opción apruebo, desde el supuesto que este camino permitirá contar con una Constitución que sea la “casa común” de todos los chilenos.

Aun cuando es legítimo plantear posiciones y fórmulas distintas frente a este importante evento plebiscitario, me atrevo a afirmar que una gran mayoría de los que estamos por el rechazo lo hacemos porque tenemos la firme convicción de que iniciar el camino hacia una nueva Constitución no solo provocará más incertidumbre al frágil contexto actual que atraviesa el país debido a la crisis económica derivada de la pandemia, sino que tendrá un efecto negativo de largo plazo para Chile.

Esta convicción tiene su base en el hecho de que el plebiscito no surgió como parte de una demanda prioritaria de los chilenos, como lo demostraban todas las encuestas previas al 18 de octubre pasado, sino que fue el resultado de un espiral de violencia insurreccional concertada y organizada que se inició ese día y que tuvo una pausa por la irrupción del coronavirus.

Uno de los argumentos más reiterados por quienes buscan reemplazar la actual Constitución es que esta carecería de legitimidad al haberse instaurado durante el régimen militar, desconociendo todas las reformas que se le han hecho durante cuatro décadas. Si es por eso, también es válido plantear que el proceso plebiscitario en desarrollo está viciado en su origen, ya que fue fruto de un acuerdo político coaccionado por la violencia callejera de grupos organizados que llevaban un mes incendiando el país de norte a sur, amenazando la institucionalidad y estabilidad democrática.

Pero además del origen ilegítimo del proceso plebiscitario, gatillado por la violencia callejera, el rechazo responde también a la certeza de que una nueva Carta Fundamental, lejos de resolver los problemas más acuciantes que tienen hoy los chilenos, los seguirá postergando, ya que la prioridad los próximos dos años será redactar una nueva Constitución, la cual se discutirá en un ambiente altamente polarizado y con un órgano constituyente que deberá funcionar a la par del Congreso, quedando este último en una suerte de parálisis legislativa mientras se discute y aprueba la próxima carta Fundamental.

Por lo mismo, hoy más que nunca la centroderecha debe defender con fuerza principios y convicciones, y no claudicar a ellos por razones estratégicas. Como sector ya hemos cedido mucho terreno a la izquierda en el plano de las ideas, con las nefastas consecuencias que podemos observar en la actualidad.

Es preferible mil veces convencer con argumentos a los chilenos de por qué el rechazo es la mejor alternativa -aunque se pierda-, antes que plegarse al apruebo con el único objetivo de que la izquierda no se atribuya el triunfo la noche del plebiscito, cuando de todas maneras lo hará. A mí, al menos, me parece de total dignidad perder defendiendo convicciones, que sumándose a un eventual triunfo de un camino, que estoy seguro, nos llevará al despeñadero como nación.

Esa convicción es la que me permite abrigar la firme esperanza de que el día del plebiscito, la gran mayoría silenciosa de chilenos, que valora la democracia y las libertades individuales, no se dejará intimidar por la violencia que ejerce la izquierda extrema, y acudirá a las urnas a votar rechazo, expresando con su sufragio que quiere seguir viviendo en un Chile democrático y de oportunidades, haciendo las transformaciones que se requieren por la vía institucional.