El gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva agenda de seguridad. Un paquete híbrido que mezcla cambios estructurales de gran calado con ajustes operativos de mediano alcance, promovido por sus autores como una respuesta integral al avance del narcotráfico y el crimen organizado.

El problema de la seguridad es real; también la presión ciudadana que exige respuestas. Y la responsabilidad de la clase política es conducir esta urgencia, no desestimarla. Ahora bien, sus propuestas deben equilibrar la efectividad de corto plazo con un alcance que trascienda un ciclo político. Una mirada de largo plazo puede exigir reformas estructurales, pero el verdadero examen está en su diseño.

Ampliar las facultades del Estado sin un rediseño equivalente de los contrapesos es peligroso. En esto no hay matices posibles y conviene recordar a Harari: cada porción adicional de libertad que cedemos al Estado a cambio de seguridad nos acerca un poco más al coloso todopoderoso, capaz de inmiscuirse hasta en el detalle más mínimo de nuestras vidas. El poder insuficientemente contrapesado rara vez se contiene a sí mismo, y la ilusión que permite este avance es siempre la misma: la convicción tranquilizadora de que vivimos en un Estado de Derecho y de que ese poder nunca se volverá contra uno.

Esa insuficiencia de contrapesos no solo es peligrosa; también explica por qué la reforma ha encontrado tanta resistencia, incluso entre las propias fuerzas de gobierno. Un diseño que relega las salvaguardas no solo arriesga libertades, tampoco puede construir el consenso que toda reforma estructural necesita para sobrevivir a su propia tramitación. Así, empantanada en esa clase de disputas, sencillamente no entrega los resultados que promete ni la seguridad que se le exige. Ese fracaso es la prueba de que en materia de políticas públicas no hay atajos, de que ampliar el poder del Estado sin los contrapesos adecuados no solo es un riesgo para la libertad, sino también para alcanzar sus propios fines.

Hay consenso en que se necesita una respuesta proporcional a la actual ofensiva criminal y sobradas razones para exigirla. Pero ninguna lucha se gana por la sola voluntad de darla: es necesario preguntarse cómo logramos que esa respuesta sea justa, eficaz y capaz de sobrevivir al gobierno que la impulsa.

¿Cómo enfrentamos la inseguridad? ¿Basta con la gestión y los cambios legislativos? Si se requieren habilitaciones constitucionales, ¿cómo las llevamos a cabo sin sacrificar los valores que decimos defender? ¿Qué significa seguir siendo una democracia liberal mientras libramos esta pelea? ¿Podremos seguir siéndolo? No son interpelaciones técnicas ni de procedimiento: son preguntas de identidad.

Rehuir estas preguntas es una forma de irresponsabilidad, y nuestro debate público tiene la peligrosa tendencia a esquivar siempre la discusión de fondo para refugiarse en dos trincheras que se necesitan mutuamente para no pensar. Hoy, la de la mano dura, que acepta cualquier costo institucional con tal de mostrar resultados, y la de quienes recelan de cualquier reforma, como si la sola mención de esa palabra configurara los elementos típicos de una amenaza. Ninguna de estas dos posturas responde nada. Que esta reforma en particular esté mal diseñada no es una razón para desistir de la discusión; es la evidencia de que Chile necesita hacerlo mejor, impulsando reformas estructurales bien pensadas, en esta y en otras materias.

La manera en que construimos seguridad no se agota en cómo nos protegemos frente al delito. Es, también, una declaración sobre qué tipo de sociedad queremos ser mientras lo hacemos: una que decide, por sí misma, cuánta libertad está dispuesta a ceder y cuánta no. Esa es, al final, la verdadera medida de la autodeterminación de un pueblo; no la ausencia de amenazas, sino la capacidad de enfrentarlas sin dejar de decidir quién es.

Por Magdalena Price, Joaquin Barañao y José Manuel Astorga, Pivotes