La detención del consultor argentino Fernando Cerimedo por femicidio frustrado, en Bolivia, puso al descubierto una operación de cuentas artificiales para influir en la conversación política en América Latina. La Fiscalía boliviana encontró dinero, documentos, equipos informáticos y una “mini granja de bots”. Aunque Cerimedo ya había reconocido públicamente el uso de cuentas artificiales, trolls y automatización para posicionar contenidos de “nuevas derechas” y realizar campañas negativas, las acusaciones de su pareja tras el baleo han revelado nuevos antecedentes sobre sus operaciones en Argentina, Bolivia, Brasil y Chile.

Cerimedo irrumpió en la política sudamericana hace seis años por su intervención en campañas electorales y medios digitales para la ultraderecha. En Chile fue vinculado con sectores del Rechazo al primer proceso constituyente y en Brasil con narrativas de fraude destinadas a cuestionar el triunfo de Lula da Silva sobre Bolsonaro (El Clip, 2023). Luego sumó asesorías en marketing político para “convertir” en presidentes a Javier Milei y a Rodrigo Paz, como el mismo de ha jactado. Hoy la Fiscalía en nuestro país anunció que investigará posibles delitos informáticos, amenazas o una asociación delictiva detrás de cuentas coordinadas que se desplegaron en la reciente campaña presidencial.

El negocio de la desinformación radica en la amplificación de contenidos engañosos para manipular percepciones y socavar la confianza a gran escala y con bajo costo. IDEA Internacional identificó en el superciclo de 2024 narrativas de desinformación en al menos 43 (80%) de 54 elecciones nacionales monitoreadas. La recurrencia del fenómeno muestra que no estamos ante episodios aislados. Plataformas opacas, mensajería cerrada, influenciadores pagados, dinero difícil de rastrear e IA hiperrealista, agravan el problema.

Aun cuando la evidencia no confirme que la desinformación determina el voto individual, sí deteriora las condiciones en que la ciudadanía forma su juicio, pues estas operaciones activan respuestas emocionales que erosionan el diálogo público (Lewandowsky, et al., 2023), atacando a autoridades electorales, resultados y adversarios.

La respuesta por lo tanto requiere equilibrar trazabilidad y responsabilidad con la protección de libertades y pasa por fortalecer la resiliencia, con marcos normativos claros, órganos electorales con capacidades técnicas y autonomía para el monitoreo e intervención ágil a fin de cuidar el entorno informativo y la integridad de la competencia electoral; cooperación entre Estado, plataformas, medios, verificadores y sociedad civil y estrategias de comunicación pública que anticipen el vacío informativo y construyan canales accesibles, confiables y oportunos.

Frente a un mercado político que premia la opacidad, la manipulación emocional y la ventaja tecnológica sin responsabilidad, la protección de la integridad informativa exige alianzas amplias y legítimas, en defensa también de la democracia.

Por Alejandra Sepúlveda P., Gerenta Proyecto Integridad electoral y Género (RLAC)-IDEA Internacional