¿Por qué el Presidente Kast no debería participar en el Foro de Madrid? A muchos no les gusta porque ese núcleo tiene una orientación de derecha dura, pero eso no puede impedir la asistencia del mandatario ni que exprese su opinión. Un presidente puede participar en todas las reuniones que no sean contrarias al orden jurídico e institucional. Su intervención será evaluada por su contenido, no por mero prejuicio.

Este desconcierto refleja un debate que oscurece el sentido de la libertad de expresión, olvidando que ella es consustancial a una sociedad libre y democrática. En ella no solo se admiten las opiniones de la mayoría o las que generan consenso, sino también las posturas críticas, incómodas, agresivas o irónicas. Ello no las exime del juicio crítico de los demás: esa es precisamente la riqueza del pluralismo que le es inherente.

Los riesgos de esta libertad son reales y provienen de varios frentes. Desde el Estado, cuando se busca conculcarla en nombre de valores superiores “si graves circunstancias lo hacen conveniente”, como un estado de excepción constitucional mal concebido. Y desde la sociedad civil, cuando grupos organizados o redes sociales recurren a cancelaciones, funas o presiones laborales para acallar expresiones que van a contracorriente o resultan políticamente incorrectas. A ello se agregan denuncias judiciales o periodísticas (muy en boga) que, superado el efecto mediático, carecen de sustento suficiente pero que mientras duran logran ensuciar la honra de una persona o apartarla de espacios de reflexión. Y la desinformación, los bots y las fake news, destinadas a desacreditar personas mediante campañas digitales.

Episodios como los sufridos por la ministra Lincolao, Evelyn Matthei, Sergio Micco o Lucy Oporto ilustran con rostros concretos este problema. Algunos quieren justificar la reducción del espacio de expresión mediante mecanismos legales o judiciales, sin advertir que pueden conducir a males mayores: el silencio y la autocensura. Una democracia sólida y un Estado de Derecho efectivo deben procurar otros medios, porque la confrontación de ideas -áspera e ingrata- la fortalece, no la destruye.

¿Cómo enfrentar este dilema? Educar y no reprimir; responsabilidad y transparencia de quienes ofenden, permitiendo el control social; reglas de convivencia antes que sanciones penales; y tipificar como delito solo situaciones extremas y reiteradas que causen daño directo o inciten a la violencia. Por encima de todo: deliberar. Es el desafío que nos ha llevado a relanzar el Instituto para una Sociedad Libre que creáramos en 1982, en otro momento de nuestra historia, junto con Faro, de la Universidad del Desarrollo, en un debate próximo. Ante la confusión entre liberales, neoliberales, libertarios e iliberales, sin olvidar a los nostálgicos de la injerencia estatal, vale la pena poner en discusión los aspectos esenciales de esta libertad, sin eufemismos ni servidumbre ideológica. Precisar conceptos es un deber moral cuando persiste la tentación de impedir que las personas diseñen su destino de modo autónomo.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario