Tras décadas de discusión legislativa, este martes el Senado pretendía dar un paso decisivo para avanzar hacia un sistema de Sala Cuna Universal, que equiparara el derecho para hijos de trabajadores y trabajadoras, al margen del tamaño de la empresa.

Para solventar el beneficio, que también alcanzaría a trabajadores independientes, se propone crear un fondo solidario de sala cuna, con cargo gradual a los empleadores, que a su vez lo descontarían de los aportes al Seguro de Cesantía.

Sin embargo, protestas en las tribunas protagonizadas por trabajadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, invitadas por el senador Daniel Núñez (PC), obligaron a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), a desalojar todo el entorno del hemiciclo.

En el intertanto, los comités del Senado también se habían reunido para resolver qué hacer con la discusión, que se había alargado más de lo presupuestado. Por ello, en vista de que el proyecto de sala cuna implicaba iniciar una ronda de 27 votaciones, se acordó postergar esas definiciones para el próximo martes.

Esta iniciativa, en todo caso, ya había sido aprobada en general en mayo de 2022 en los inicios del gobierno del ese entonces presidente Gabriel Boric.

En ese momento, la administración del mandatario frenteamplista -a contrapelo de su propio sector que votó en contra en aquella oportunidad- tomó la decisión política de patrocinar un mensaje del expresidente Sebastián Piñera de enero de 2022, con el compromiso de corregir el texto original.

De hecho, la propuesta de Piñera no consideraba inicialmente equiparar el derecho a hombres y mujeres.

Tras convencer a su sector, en la recta final de su mandato, Boric intentó infructuosamente que se votara su fórmula final de financiamiento. Sin embargo, en un giro de la trama, la derecha, en sintonía con el entonces presidente electo José Antonio Kast, resolvió frenar la tramitación para poder revisar detenidamente el texto.

Ese análisis se tradujo en un nuevo paquete de indicaciones, en junio de este año, que reformuló el fondo de sala cuna, que se financiará con una cotización de cargo del empleador del 0,35% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes y con una cotización del 0,35% respecto de las rentas imponibles de los trabajadores independientes. Para evitar que esto tenga costos en el mercado laboral, aquella cotización será compensada con una disminución de igual magnitud de lo que el empleador cotiza para el seguro de cesantía.

Ese ajuste, sin embargo, no agradó a los senadores de oposición, al tiempo que rechazaron la posibilidad que exista un copago del trabajador, lo que provocaría una distorsión en el beneficio, argumentaron. También cuestionaron que no quedara en forma expresa que los niños menores de 2 años eran los titulares del derecho.

“Queremos terminar con una norma que durante décadas hizo depender este derecho de que existieran 20 mujeres en una empresa... Ese objetivo lo compartimos... Pero tenemos la obligación de preguntarnos, ¿qué derecho estamos creando? ¿Para quién? ¿Bajo qué estándares? Y, sobre todo, ¿quién lo va a financiar? ¿Y quién va a poder ejercerlo en los hechos? Durante la discusión particular, presentamos indicaciones para corregir esos problemas. Algunos fueron rechazadas y otras, lamentablemente, declaradas inadmisibles”, dijo la senadora Yasna Provoste (DC), al criticar la falta apertura del Ejecutivo.

En respuesta a las críticas, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo que “yo no soy un tipo de estridencias, soy bastante sobrio, pero tampoco me amilano. Soy un hombre de convicciones y voy a seguir empujando este proyecto hasta que sea una realidad. La Superintendencia de Pensiones ha sido bastante clara, categóricamente clara, el dato mata relato, que este proyecto no compromete la sostenibilidad de los fondos del Seguro de Cesantía”.