La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó este martes en primera legislatura una reforma constitucional promovida por Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, que prohíbe la participación de partidos opositores en procesos electorales.

Según recoge la agencia internacional Reuters, la modificación fue aprobada en medio de cuestionamientos de Estados Unidos y otros países de la región y contempla, además, extender de seis a siete años los períodos de los copresidentes y de otras autoridades electas, así como los mandatos de los jefes del Ejército y la Policía.

La reforma todavía no entra en vigor. De acuerdo con la legislación nicaragüense, las modificaciones constitucionales deben ser aprobadas en dos legislaturas diferentes. La segunda ratificación está prevista para comenzar el 18 de enero de 2027, según adelantó Murillo.

La oposición queda fuera del escenario electoral

La nueva disposición establece que los partidos de oposición no podrán participar en elecciones, medida que afecta particularmente a dirigentes disidentes que han sido despojados de su nacionalidad por las autoridades nicaragüenses y que son calificados por el gobierno como “traidores” o “golpistas”.

Cabe recordar que el pasado 19 de julio Ortega afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, argumentando que buscaba impedir que la oposición recuperara el poder.

Asimismo, la prolongación a siete años de los periodos de las autoridades nacionales y locales fortalece una reforma constitucional aprobada anteriormente, que había ampliado de cinco a seis años el mandato presidencial y elevado a Murillo, entonces vicepresidenta, al cargo de copresidenta.

El cambio también tiene efectos sobre el calendario electoral, puesto que las elecciones generales estaban originalmente previstas para noviembre de este año, pero una reforma anterior las trasladó a noviembre de 2027.