Este miércoles se comenzó a discutir en la Sala del Senado el proyecto de ley sobre sala cuna, que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo eliminando la exigencia de 20 trabajadoras y extendiendo el derecho a mujeres y hombres, dependientes e independientes, y trabajadoras de casa particular. Está citado nuevamente para el próximo martes 8 de septiembre. Si se aprueba, llegaría más lejos que cualquier otro intento de modificación.

La discriminación del artículo 203 tiene dos dimensiones. Primero, impone la obligación únicamente a empresas con 20 o más trabajadoras, generando un incentivo para no superar las 19 contratadas. Segundo, reproduce la idea de que el cuidado es una responsabilidad femenina al vincular el derecho a mujeres trabajadoras.

Han existido diversas iniciativas para modificar esta norma. En la última década y media, el Boletín N°9.087-13, de 2013, eliminaba el límite de 20 trabajadoras, pero mantenía el beneficio centrado en las madres. El Boletín N°12.026-13, de 2018, refundido con los boletines Nos 11.655-13 y 11.671-13, ampliaba la cobertura. Ninguno superó el primer trámite constitucional. Aunque el diagnóstico es claro, han sido décadas de espera.

Y el caso de sala cuna no es aislado: Chile ha tardado años, incluso décadas, en transformar diagnósticos en soluciones legislativas. Desde 1995 se han presentado proyectos para terminar con la discriminación en la administración de la sociedad conyugal, pero ninguno se ha convertido en ley. La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, por su parte, tardó siete años en aprobarse.

Fuera de la agenda de género, el panorama tampoco es alentador: sustituir el Sename tomó más de siete años desde que informes expusieron graves vulneraciones; reformar las pensiones, casi veinte; y legislar sobre protección de datos personales, siete. Reformas que abordan problemas esenciales para nuestra sociedad parecen perder prioridad frente a las urgencias de la coyuntura, o su dificultad termina paralizando a quienes deben decidir.

La complejidad de un problema no puede traducirse en la ralentización de su solución. El Congreso debe ser un espacio para encauzar respuestas oportunas que mejoren concretamente la vida de chilenas y chilenos.

En el caso de sala cuna, están en juego las oportunidades laborales, la autonomía y el bienestar de las mujeres. Si quedan materias por resolver, el proceso legislativo contempla distintas etapas para abordarlas, y existe un ecosistema académico y de organizaciones sociales dispuesto a aportar evidencia para avanzar.

Esperamos un calendario concreto y una forma de trabajo que den prioridad al proyecto durante lo que resta del periodo legislativo. El desafío es grande y los plazos acotados. Al finalizar este periodo ya habremos cumplido 110 años desde el establecimiento del derecho a sala cuna, todavía sin corregir las discriminaciones que arrastra desde su origen. Hay que llegar a tiempo: con paso firme y sin pausa.

Por Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer