Como era de esperar, las posiciones de distintos actores en torno al plebiscito de abril se han ido ordenando. Así, incluso antes de que comience oficialmente la campaña (ojo ahí con los gastos no regulados y las fuentes de financiamiento), ya se empieza a observar la polarización que es inherente a este tipo de procesos, pero que evidencia también la fractura que ha dejado expuesta el estallido social en Chile. En tal sentido, cuidar lo que viene en los próximos meses será clave si lo que queremos es salir con una democracia y una sociedad fortalecida.

Por un lado están los que apuestan por la alternativa del "rechazo" al cambio constitucional, que en una de sus vertientes han planteado avanzar por el camino de la reforma social e institucional para solucionar la crisis política y social en Chile. El problema de esta alternativa es que suena poco creíble cuando lo que tenemos es un gobierno con menos del 10% de aprobación y un mundo político que está en general desacreditado. En la lógica generalizada de desconfianza en las instituciones, en especial de la política, es difícil sostener que los mismos actores y con los mismos representantes que no lograron anticiparse y dar curso institucional al "malestar" en Chile, puedan contar con la confianza suficiente para decirle a la ciudadanía que ahora sí es posible generar reformas que habían sido, por diversos motivos, postergadas. No por nada "Auditoría a la Democracia" del PNUD ha dado cuenta de la existencia de un segmento importante de "demócratas escépticos", es decir, de ciudadanos que creen en la democracia, pero desconfían de sus actores, en parte, como dice este estudio, por el daño que han causado los casos de corrupción. Menudo desafío entonces lograr con este discurso y con actores ya conocidos levantar un discurso que no huela a disonancia cognitiva. Por otra parte, están quienes a toda costa quieren defender la opción "rechazo" simplemente porque la Constitución vigente les gusta, prefieren el statu quo y ven en la alternativa del cambio constitucional una especie de conspiración. Algo que parece a estas alturas absurdo dada la magnitud de la movilización que hemos visto y los altos niveles de respaldo que las encuestas le otorgan a la opción de cambio a la carta fundamental.

Por otra parte, está la opción "apruebo" al cambio constitucional, donde también es posible observar al menos dos posiciones. Por una parte, están quienes ven en el proceso constituyente una oportunidad para discutir las bases de un pacto político institucional que está en crisis, asumiendo que este es un derrotero no sólo para consensuar cuestiones básicas de nuestro modelo de desarrollo y de sociedad -por primera vez en nuestra historia a través de un proceso que involucra apertura a la participación- sino que también para construir una nueva legitimidad en las instituciones democráticas que de este emanen. Esta opción asume que la única manera de poder construir un nuevo pacto social y reconstruir una democracia con altos niveles de legitimidad supone necesariamente la participación activa de la ciudadanía en el plebiscito de entrada, la elección de constituyentes y el plebiscito de salida para la nueva Constitución. Pero también en el camino largo que significará enfrentar un nuevo ciclo de la política y la sociedad chilena, que probablemente estará años en la construcción de algo distinto. Hay también quienes ven en la opción "apruebo" la posibilidad de construir una especie de revancha contra el poder hegemónico de ciertos sectores que han optado por el statu quo, al punto que no son pocos quienes han planteado la necesidad de que se excluyan incluso de la elección de constituyentes. Esta posición no sólo logra hacerle el juego a las alternativas de extrema derecha o izquierda que han denostado la posibilidad de encontrar en el plebiscito y en la salida institucional el camino donde es posible converger sin exclusiones, aun cuando no compartamos las ideas del adversario. Estos sectores olvidan que una carta fundamental es, por definición, un pacto institucional donde deben caber las distintas miradas que componen una sociedad y que la disputa por la hegemonía se da en base a ideas y no a amedrentamiento.

Por cierto, despejemos de inmediato lo evidente que resulta que una nueva constitución no resolverá todos los problemas que aquejan a la sociedad. Para eso están las políticas públicas que deben surgir en este tiempo y, con mayor razón, las definiciones gruesas del modelo de sociedad que queremos construir. Mientras, sería muy positivo que evitemos el moralismo excluyente y el desprecio por las mayorías, donde siempre logran toparse los extremos del espectro en la deslegitimación del camino institucional.

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