Regulación a los "vapeadores"

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El Ministerio de Salud presentó recientemente un proyecto de ley para asimilar los cigarrillos electrónicos y vapeadores a las mismas restricciones que el tabaco tradicional; de esta manera, dichos productos -que han adquirido una insospechada popularidad- no podrán ser vendidos ni distribuidos a menores de edad; asimismo, tampoco se podrá hacer promoción o publicidad, y no se permitirá "vapear" en lugares públicos cerrados.

La discusión que se abrirá en nuestro país a partir de esta propuesta se hace eco de una discusión global, donde distintos países debaten si estos productos deben ser prohibidos o restringidos, o si constituyen una alternativa menos dañina que el cigarrillo tradicional. No es casualidad que el tema desate fuertes pasiones: hashtags como "vapear no es fumar" o "no+vapeo" se han vuelto comunes en las redes sociales, produciendo un evidente choque entre ávidos consumidores y numerosas sociedades científicas, así como reacciones de la propia Organización Mundial de la Salud, que ve en estos dispositivos un alto riesgo de inducir adicciones y provocar graves daños a la salud.

Estados Unidos ya está tomando medidas en contra de los vaporizadores, a partir de cientos de casos que reportan daño pulmonar; algunos estados han restringido fuertemente su venta, en tanto el Presidente Trump ha manifestado su intención de prohibir la venta de cápsulas saborizadas. La sanidad española también se encuentra evaluando cuál debe ser el alcance de las restricciones a imponer, mientras que la India ha determinado la prohibición del cigarrillo electrónico. Reino Unido, en cambio, ha optado por un modelo distinto, permitiendo estos productos ante la evidencia de que pueden ser un buen vehículo para reemplazar el tabaco o evitar llegar a él.

En Chile el cigarrillo electrónico fue objeto de regulaciones hace algunos años, tal que su venta estuvo pensada con fines terapéuticos, para ayudar a dejar de fumar. Hoy en día es claro que su uso apunta masivamente a lo recreativo -en los últimos cuatro años se han importado más de 1,3 millones de vaporizadores-, y su penetración ha sido especialmente fuerte en adolescentes, donde las estadísticas indican que más de 90 mil jóvenes ya los utilizan.

Tratándose de productos que no son inocuos -además de contener nicotina, el vapor que expelen contiene elementos potencialmente cancerígenos- y con riesgo de generar adicción, es razonable que existan restricciones, particularmente en lo referido al acceso de menores de edad, y que la población sea adecuadamente informada acerca de sus riesgos. También resulta sensato que no se permita fumar dentro de espacios públicos, porque ello afecta los derechos de quienes no son fumadores.

La autoridad no descarta que a futuro se apliquen los mismos impuestos que al tabaco. Una medida así debe ser evaluada con detención. En la medida que exista evidencia contundente de que los vaporizadores pueden llegar a ser tan dañinos para la salud como los cigarrillos, entonces se justificaría asimilar esta penalización tributaria, pero hasta que ello no ocurra sería discutible hacer tan onerosa una opción que para algunos puede ser una alternativa para dejar de fumar tabaco.

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